Mariano Lorente, exalcalde de Iznalloz, declara este lunes como imputado por supuestas contrataciones a dedo

El exalcalde de Iznalloz (Granada) y actual diputado provincial de Deportes y Administración Electrónica, Mariano Lorente (PSOE), declarará este lunes como "imputado" ante el Juzgado de Instrucción 9 de Granada tras la denuncia que interpuso el actual equipo de gobierno en la localidad, formado por PP y el independiente Pimog, por un posible delito de prevaricación continuada por contrataciones "a dedo" a pesar de los reparos de la intervención municipal.

Según consta en la providencia del Juzgado, a la que ha tenido acceso Europa Press, Lorente ha sido citado a declarar en calidad de "imputado" a las 9,30 horas, este lunes.

La comparecencia se producirá después de que la actual alcaldesa, Ana Belén Garrido, informara de la interposición de la denuncia en una rueda de prensa el pasado mes de noviembre, cuando acusó al socialista de primar para las contrataciones supuestamente irregulares que se le atribuyen "la afinidad ideológica", y no los principios de "igualdad, mérito y capacidad" para realizarlas.

La denuncia tiene como fundamento las contrataciones, aunque deja abierta la posibilidad de que de la instrucción judicial se deriven otros delitos "dado el absoluto quebranto económico" que Lorente habría generado en el Ayuntamiento, según la información de la que ahora dispone el PP y su socio de gobierno.

En concreto, los 'populares' denunciaron alrededor de un centenar de "contrataciones irregulares" que cada año habría realizado Lorente y, especialmente, hasta 125 contratos que el denunciado realizó supuestamente sin ningún procedimiento y contra 28 reparos de la intervención y la tesorería municipal, entre enero y mayo de este mismo año, es decir en vísperas de la campaña electoral.

Después de que el PP informara de la denuncia, el exalcalde se defendió asegurando que los contratos cuestionados lo fueron de "cuatro o cinco días" a personas "en situaciones críticas" que llegaban al Ayuntamiento "como último refugio para buscar una solución a sus problemas", de manera que respondió así a su "deber de auxilio" con "vecinos que literalmente no tenían para comer".

El anterior regidor explicó entonces que a diario decenas de personas acudían en busca de ayuda porque "no tenían para pagar la luz, otros ni para comprar comida, algunos no podían llevar a sus hijos al colegio porque no tenían para el material escolar y otros iban a perder sus viviendas" por lo que el Ayuntamiento "lo que humanamente hizo fue dar un alivio a una situación desesperada de cientos de personas".

Para ellos se les contrataba durante unos días para "cobrar 200 ó 300 euros con los que salir del paso", dijo el exalcalde que negó una "utilización partidista" o una "afinidad" concreta en las contrataciones. Según afirmó, se dio trabajo a "personas de todas las familias" e incluso "la actual alcaldesa" se puso en contacto con él en alguna ocasión para buscar una solución a personas que estaban en una situación vulnerable.

Su imputación ha llevado a Ciudadanos (C's) a pedirle al PSOE que "haga dimitir" al diputado provincial. Su portavoz, Luis Salvador, recordó la pasada semana a la secretaria general del PSOE en la provincia, Teresa Jiménez, que firmó con C's un 'Acuerdo para la Regeneración Democrática' que, en su primer punto, se comprometía a "separar de inmediato de cualquier cargo, público o de partido, a imputados por corrupción política".

Por lo tanto, Ciudadanos pide a la dirigente socialista que "cumpla lo firmado" y exija a su diputado que dimita del puesto que ocupa en la Diputación.