Más de 15.000 granadinos podrán pedir la Renta Mínima de Inserción Social

Un total de 5.830 familias granadinas y unas 15.500 personas se verán beneficiadas con la puesta en marcha de las nuevas medidas de la Renta Mínima de Inserción Social que entró en vigor el pasado 1 de enero. La aportación económica consta de 419,52 euros a 779,87 euros mensuales por 12 meses prorrogables por periodos de seis meses si persiste las circunstancias. Esta renta fue aprobada mediante el Decreto-Ley 3/2017, de 19 de diciembre, que regula la prestación económica orientada a la erradicación de la marginación y la desigualdad. 

Como novedad, la norma incluye a personas inmigrantes, los mayores de 65 años con menores a su cargo y jóvenes entre los 16 y 24 años siempre que concurran circunstancias excepcionales.

Según las previsiones aportadas por la Junta, un total de 45.000 unidades familiares y 120.000 andaluces tendrán cobertura con esta prestación que para este 2018 contará con 198 millones de presupuesto del total de 819 previstos hasta 2021. Con las novedades introducidas se estiman 14.700 nuevos beneficiados pertenecientes a colectivos no incluidos hasta la fecha en el anterior Ingreso Mínimo de Solidaridad.

Se incrementa así la ayuda del curso anterior, que establecía ayudas semestrales por una cuantía de 406 a 655 euros mensuales. En 2016 -última serie registrada por la Junta- en la provincia de Granada se presentaron un total de 5.863 solicitudes (en referencia al número de unidades familiares), de las cuales 4.042 fueron concedidas siendo el 29% de las solicitudes pertenecientes a la capital.

BENEFICIADOS

Podrán beneficiarse las personas de entre 18 y 24 años si tienen menores o personas con discapacidad a su cargo; las de menos de 17 años que tengan menores con discapacidad a su cargo o que hayan sido víctimas de violencia de género; las huérfanas de ambos progenitores; las víctimas de violencia de género; las que han estado tuteladas por la Junta hasta la mayoría de edad; las que tienen un grado de discapacidad igual o superior al 33%; las que se encuentran en situación de emergencia social; las mayores de 65 años con menores a cargo, y las que constituyen una unidad familiar pluripersonal sin menores a cargo en caso de haber vivido de forma independiente durante al menos los dos años inmediatamente anteriores a la solicitud.

El nuevo modelo dará prioridad a las familias con menores de edad a su cargo (tanto monomarentales como monoparentales), mujeres víctimas de violencia de género y personas con discapacidad.

REQUISITOS Y EXCEPCIONES

Entre los requisitos de acceso destacan que la unidad familiar esté empadronada de forma estable en un municipio de Andalucía desde al menos un año antes a la fecha de la solicitud y que el solicitante tenga una edad de entre 25 y 64 años y esté inscrita como demandante de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo.

Estarán exentos del tiempo mínimo de residencia las víctimas de violencia de género y de trata de personas, así como los emigrantes andaluces retornados en el año anterior a la presentación de la solicitud. Tampoco se les exigirá a las personas apátridas o refugiadas, sin hogar o ex tuteladas por la Junta en el año anterior; ni las que residan temporalmente en alojamientos alternativos, o las que se encuentran en situación de fuerza mayor acreditada por los servicios sociales.

MEDIDAS PERSONALIZADAS

Con la entrada en vigor de este decreto-ley, las instituciones se comprometen a diseñar un plan de inclusión sociolaboral personalizado que incluya medidas en un plazo de un mes a partir de la concesión. Entre los supuestos que se han incluido, se prevé la suspensión temporal de la ayuda en el supuesto de que se suscriba un contrato de trabajo con una duración entre uno y seis meses.

Otra novedad incluida en el plan es la unificación de criterios de situación de urgencia o emergencia social. En estos casos, el procedimiento deberá quedar resuelto en cinco días hábiles desde la entrada del expediente en la delegación territorial correspondiente; en caso de denegación, se seguirá el procedimiento ordinario.