Más de 3,5 millones de personas han perdido su trabajo por el coronavirus en España
Un 77% de ellos tienen asegurada su vuelta a la actividad cuando desaparezca el estado de alarma
Europa Press
Las medidas de confinamiento decretadas en España desde el pasado domingo 15 de marzo para contener la propagación del coronavirus ya ha provocado que más de 3,5 millones de trabajadores hayan sido ya expulsados del mercado laboral, tras el cierre de establecimientos, fronteras e incluso de la industria no esencial, que ha provocado un gran agujero en el empleo para el comercio, el turismo y la industria nacional.
En concreto, según los datos recopilados por Europa Press a partir de la información ofrecida por las distintas autoridades laborales de cada comunidad autónoma, hasta este lunes 6 de abril se han presentado 474.000 Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), que afectan a cerca de 2,7 millones de trabajadores, una cifra a la que se suman los casi 850.000 empleos destruidos en el mes de marzo, tras la aprobación del estado de alarma.
Mientras que los primeros --que representan el 77% del total-- volverán a recuperar su empleo una vez se establezcan las medidas necesarias para la vuelta progresiva a la normalidad, puesto que esa es la finalidad de los ERTE, en el caso de lo segundos, se trata de una pérdida neta de afiliación a la Seguridad Social.
No obstante, la inmensa mayoría del empleo perdido en marzo se debe a la finalización de contratos temporales, por lo que, incluso aquellos que no reúnan los requisitos necesarios para cobrar el paro, también recibirán un subsidio excepcional de 430 euros, de igual forma que los afectados por ERTE también lo percibirán, con el propósito de mermar el mínimo su poder adquisitivos y favorecer, así, una recuperación de la economía cuando los contagios remitan por completo.
CATALUÑA, ANDALUCÍA Y MADRID CONCENTRAN LA MITAD
De los 2,7 millones de empleados afectados por los despidos temporales, 620.000 se encuentran en Cataluña; seguidos de los 427.000 de Andalucía; y de los 400.000 en Madrid. Entre las tres copan cerca del 54% de las personas afectadas en todo el territorio nacional.
Les siguen, en este orden, la Comunidad Valenciana, donde hasta el momento hay 277.000 trabajadores afectados; Castilla y León, con 160.000 personas; Canarias, con 158.000; Galicia, con 156.000; País Vasco, con 153.000; y Murcia, con 100.000, la última región que supera esta cifra.
Por debajo de los 100.000 afectados se encuentran Castilla-La Mancha, con 70.000 trabajadores registrados en ERTE; Aragón, con 34.500; Cantabria, con 30.000; Extremadura, con 10.500; Navarra, con 22.000; y Ceuta, Asturias y Baleares, que llevan un tiempo sin ofrecer nuevos datos.
CONSEJERÍAS DESBORDADAS
Estas cifras contrastan con las ofrecidas el pasado jueves por la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que apuntó a 250.000 ERTE y a la concesión de 620.000 prestaciones por desempleo, afirmando, no obstante, que no todas las comunidades autónomas están cooperando dando datos de los expedientes.
De hecho, estos datos son provisionales y todavía no son del todo comparables por comunidades, ya que solo reflejan la agilidad a la hora de tramitarlos por las administraciones públicas y no los realmente presentados por las empresas.
En este sentido, las consejerías encargadas de tramitar estos expedientes se encuentran actualmente desbordadas, después de que el Gobierno decidiese flexibilizar su tramitación para que el cierre de establecimientos tenga la menor afectación en el empleo, una vez los casos de contagios comiencen a remitir y la actividad pueda volver a la normalidad.
De hecho, los ERTE que están presentado la mayoría de las empresas son de fuerza mayor, lo que garantiza el mantenimiento del empleo, al menos, durante los seis meses siguientes a su finalización.
Asimismo, los afectados tendrán derecho a cobrar la prestación por desempleo o 'paro', incluso si no cumplen con el periodo mínimo de cotización exigido para ello, mientras que las empresas que tengan menos de 50 empleados no tendrán que pagar las cuotas a la Seguridad Social y, el resto, tan solo un 25%, para que puedan reiniciar su actividad con más facilidades.
