Mascarillas para detenidos y mamparas frente al público, entre las medidas para funcionarios de Justicia

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha dictado este lunes una Resolución sobre Seguridad Laboral durante la pandemia COVID-19 -cuya elaboración anunció en rueda de prensa en pasado viernes- en la que se aconseja, entre otras prácticas, el uso de mascarillas para detenidos con afecciones respiratorias y el uso de mamparas, geles y material de autoprotección para prevenir el contagio a funcionarios.

Las medidas, de aplicación en todo el territorio nacional, se han consensuado en el marco de la Comisión de Coordinación de Crisis de la Administración de Justicia para la lucha contra el coronavirus.

La resolución se ha adoptado al amparo de la orden SND/261/2020 del Ministerio de Sanidad, que es la que encomienda a al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, la coordinación de la actividad profesional de los funcionarios de Justicia, sin perjuicio de las competencias que corresponden al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía General del Estado, durante la vigencia del estado de alarma.

Medidas preventivas

Entre las medidas preventivas, la resolución señala que no se permitirá el acceso la sede judicial salvo justificación correspondiente y que se limitará al mínimo el número de personas que accede y el tiempo de exposición.

Se debe disponer, según la resolución de geles hidroalcohólicos y jabones líquidos y dotarse de mascarilla al detenido que presente algún tipo de afección respiratoria.

Además, se habilitarán mascarillas y guantes para el personal de los servicios esenciales para salidas urgentes a los efectos necesarios, según Justicia.

También debe establecerse, según la resolución dictada por Campo, una distancia mínima de seguridad de 2 metros, tanto en los accesos como en los espacios de atención al público; y se dotarse las sedes judiciales de elementos de protección colectiva, como mamparas y cintas de seguridad en los puestos de atención al público, además se intensificarán las actuaciones de limpieza y desinfección de los espacios de trabajo.

La resolución añade medidas de organización en el trabajo como el fomento de medios telemáticos y la exclusión en los servicios mínimos de personas consideradas de riesgo -patologías previas, embarazo, lactancia u otras-.

En cuanto a los desplazamientos inevitables de funcionarios a centros sanitarios, penitenciarios, de menores o residencias de ancianos, se coordinarán con la dirección del centro atendiendo a las medidas de protección establecidas.

Se limitarán además, en lo posible, los traslados de detenidos y presos a la sede judicial, arbitrando el sistema de videoconferencia o cualquier otro que permita la comunicación bidireccional de sonido e imagen; y se distanciarán temporalmente los señalamientos o las citaciones, que aún deban realizarse, para evitar la acumulación de personas en las sedes judiciales.

Igualmente, se conmina a los trabajadores a reforzar las medidas de higiene personal en todos los ámbitos de trabajo: cuidado de la higiene de manos, cubrirse la boca y nariz con un pañuelo desechable al toser, o hacerlo en el ángulo interno del codo, evitar el contacto con los ojos, nariz y boca y el uso de adornos.

Protocolo para casos positivos

También se establece un protocolo de casos positivos. Por parte del afectado se deberá seguir las instrucciones del servicio de salud de su comunidad autónoma, comunicar la situación de incapacidad temporal a través de la gerencia territorial u órgano equivalente de una comunidad transferida y trasladar su situación a sus superiores jerárquicos y entorno laboral más cercano.

Por lo que respecta al superior jerárquico del trabajador afectado deberá comunicar el positivo y, en su caso, la incapacidad temporal a la gerencia territorial. La situación se comunicará de forma urgente al personal del órgano u oficina del trabajador respectivo a efectos de que puedan adoptar las medidas de precaución oportunas, como es la desinfección.

Agrupar juzgados

Una segunda resolución de Justicia alude a la distribución de dotaciones de servicios esenciales para "asegurar la aplicación homogénea y sostenible de dichos servicios en todo el territorio del Estado", según el documento firmado por el secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero, al que ha tenido acceso Europa Press.

En este documento, se contempla la posibilidad de distribuir la dotaciones funcionariales mínimas agrupando juzgados o tribunales de igual clase u orden jurisdiccional de un mismo partido judicial, siempre que haya menos de 10 funcionarios por cada órgano.

En todo caso, la dotación total de funcionarios deberá garantizar que los servicios esenciales son atendidos por al menos un 10 por ciento de la plantilla de dicha agrupación.