Medio centenar de víctimas andaluzas de la talidomida cuentan ya con reconocimiento oficial para acciones judiciales

El consejero de Salud y la consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, María José Sánchez Rubio, han hecho este lunes entrega en Sevilla de los certificados de inscripción en el registro de talidomida de Andalucía, primero de estas características a nivel estatal.

Son 51 personas las que han sido reconocidas oficialmente hasta ahora como víctimas de este medicamento en la comunidad andaluza, lo que permitirá garantizar un mejor seguimiento individual, según las necesidades y particularidades de cada una de las personas afectadas, a la vez que supone un reconocimiento oficial de cara a posibles acciones ante los tribunales.

Estos reconocimientos se han realizado tras la solicitud de las personas afectadas y según la evaluación clínica realizada por las unidades médicas de la Inspección de Servicios Sanitarios de Andalucía, a partir de un protocolo elaborado con la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía.

En declaraciones a los periodistas, Alonso, que ha recordado que la iniciativa parte de la aprobación por unanimidad de una proposición no de ley en el Parlamento andaluz, ha destacado que con la misma "se abren caminos importantes".

En el registro, que queda abierto, por lo que puede aparecer alguna solicitud más --no se esperan más de unos 60--, se han rechazado dos peticiones al quedar claro, una de ellas incluso por incompatibilidad cronológica, que no eran afectados por este medicamento. Al respecto, el consejero ha recordado que "no pueden aparecer más afectados" y que éstos, de hecho, deben ser personas de determinada edad, pues "hace ya muchos años" que la talidomida está fuera del mercado.

Para Sánchez Rubio, lo importante es vincular una serie de discapacidades y malformaciones a la ingesta de un medicamento por parte de las madres cuando éstas eran gestantes o lactantes. Han sido, subraya, "más de 50 años de sufrimiento de familias y de madres que se creyeron hasta culpables". Ahora toca "resarcir" por parte de las administraciones y, sobre todo, establecer la culpabilidad del laboratorio, "que seguía vendiendo cuando ya se sabían las consecuencias".

Destaca Alonso que las indemnizaciones exigidas hasta el momento han sido denegadas debido a que se ha considerado que los hechos han prescrito, pese a lo cual "se pueden continuar buscando caminos para hacerlas posibles, como ha ocurrido en otros países y como se ha reconocido en las propias sentencias, estableciendo daños tardíos no prescritos".

El consejero también ha querido agradecer la colaboración e implicación de la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite), con quien "se ha mantenido un diálogo constante y un trabajo conjunto y comprometido, que es la mejor manera de avanzar en la buena dirección, para dar respuestas adecuadas a las necesidades reales".

JORNADA DE "DIGNIFICACIÓN"

En este sentido, el delegado de Avite en Andalucía, Ángel Marín, ha calificado la jornada de "dignificación" para los afectados y la administración, con un acto que "abre la puerta al principio de reparaciones". "Ahora pasamos al qué hacemos y cómo avanzamos: vemos dos líneas de trabajo, una con el laboratorio, que tendrá que sentarse con las administraciones porque en España no se ha dado ese paso, y otra por parte del Estado, que vendió el medicamento muchos más años después de lo permitido".

La acción debe pasar ahora, a juicio de la Avite, por seguir la postura unánime del Congreso de los Diputados para buscar reparaciones para este colectivo antes de 2018, con una propuesta que contempla que estas personas "vivan en situación de igualdad al resto de los ciudadanos", con un componente económico, dado que "hay aspectos que diferencian a este colectivo de otros con discapacidad, los relacionados con la responsabilidad".

En Andalucía hay 19 personas --13 hombres y 6 mujeres-- reconocidas por los Centros de Valoración y Orientación de Andalucía con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento y diagnosticadas de Síndrome Malformativo Congénito por Talidomida y Síndrome Malformativo Congénito Coincidente Talidomida.

En marzo de 2016 fue aprobado por el Consejo de Gobierno y se puso en marcha el registro de personas con anomalías connatales causadas por la talidomida en Andalucía, con el fin de garantizarles un adecuado seguimiento y mejorar las medidas de atención sanitaria, rehabilitación y prevención.

La talidomida, medicamento comercializado en los años 50 del pasado siglo, se considera responsable de malformaciones en casi 10.000 personas, de las que entre 1.500 y 3.000 se produjeron en España. Desarrollado por la multinacional Grünenthal en 1953, por sus propiedades sedantes e hipnóticas se convirtió en una alternativa a los barbitúricos y fue también comercializado para el tratamiento sintomático de las náuseas y los vómitos durante el embarazo. Poco después de su introducción en el mercado se observó un incremento de nacimientos de niños con serias malformaciones como consecuencia de la exposición del útero materno al fármaco.