El Ministerio de Justicia comienza a tramitar la petición de indulto de Juana Rivas

El Ministerio de Justicia ya ha comenzado a tramitar la petición de indulto de Juana Rivas, cuya entrada en prisión fue acordada este pasado jueves por el Juzgado de lo Penal 1 de Granada a raíz de que el Tribunal Supremo la condenara a dos años y medio de prisión por un delito de sustracción de menores. Esta condena se produjo después de que en verano de 2017 pasara un mes en paradero desconocido con sus dos hijos incumpliendo las resoluciones judiciales que le obligaban a entregárselos al padre, al que acusa de malos tratos.

Fuentes del Ministerio de Justicia ha confirmado a Europa Press que la tramitación del indulto total solicitado por esta madre de Maracena (Granada) ya se ha iniciado, con la petición de informe al tribunal sentenciador.

Sobre este asunto se pronunció ayer a través de Twitter la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien defendió la necesidad de una "justicia feminista" para Juana Rivas y señaló que están "a tiempo" de conseguirlo, pues trabajan "para que así sea".

El letrado de Rivas, Carlos Aránguez, ha trasladado en declaraciones a los medios su "indignación" con que el Juzgado haya decretado el ingreso "inmediato" en prisión para su cliente, por entender que es una "actuación sorpresiva" frente a una persona que solicitó el indulto el pasado 4 de mayo al Gobierno y que "tiene derecho a la suspensión de una pena que no alcanza los tres años de prisión" siendo además "delincuente primaria con una buena red de apoyo familiar y laboral".

La defensa de Rivas ha anunciado que recurrirán la decisión del juez, primero en reforma y luego en apelación ante la Audiencia de Granada por entender que "no está siendo escuchada" por la justicia. "No es que no se le esté aplicando una perspectiva de género que en este tipo de procedimientos judiciales está expresamente previsto en la Ley de Igualdad y en el convenio de Estambul, es que no se le está dando el mismo trato que a otros reos a los que se les da un plazo y posibilidades de recurrir".

Rivas, que también ha sido condenada a inhabilitación especial para ejercer la patria potestad respecto de sus hijos durante seis años, ha solicitado al Gobierno el indulto total alegando que delinquió por un motivo "comprensible desde el punto de vista humano" como es "proteger a sus hijos" y recalca que "como víctima de violencia de género recibe la atención adecuada de los servicios municipales de Maracena", mientras que en Italia se "continúa investigando las denuncias interpuestas por violencia familiar".

La defensa de la expareja de Juana Rivas, ejercida por el letrado Enrique Zambrano, mantiene que concederle el indulto sería "un auténtico escándalo" y un "descrédito" para esta medida de gracia. Censura de hecho que se haya catalogado como una víctima de violencia de género en la petición de indulto y que se "criminalice" a su cliente cuando no existe "ni una sola resolución judicial" ni en España ni en Italia "que les de la razón sino todo lo contrario, a pesar de la interminable colección de procedimientos" presentados en este tiempo y que han sido archivados, según señaló hace unos días en declaraciones a Europa Press.

Área de Mujer de Izquierda Unida Granada

El Área de Mujer de Izquierda Unida Granada ha mostrado su rotundo rechazo a la condena impuesta a Juana Rivas por la que el Juzgado de lo Penal número 1 de Granada ordena la detención y entrada en prisión. Así, han instado a las administraciones a solicitar al Consejo de Ministros que, de conformidad con lo dispuesto en el art.62 de la Constitución Española, ejerza el “derecho de gracia aprobando y autorizando el indulto de Juana”.

Del mismo modo, desde el área han lamentado la “falta de coordinación entre las instituciones y los órganos judiciales de España e Italia”. Además, han añadido que aún quedan seis denuncias interpuestas en Italia que están siendo analizadas y sin archivar.

La formación de izquierdas ha calificado la sentencia de “tremendamente injusta”, ya que el “sistema” no solo no atendió la petición de protección interpuesta por Juana tras salir huyendo con sus hijos de una situación grave de maltrato en 2016, “sino que fue ella la que terminó siendo perseguida y condenada”.

Por último, han advertido que esta sentencia inhabilita al ejercicio de la patria potestad, “ya que no sólo condena a ella sino también a sus hijos al impedirles alcanzar su deseo, manifestado en los Tribunales italianos, de poder vivir con su madre en España y poder salir de la pesadilla en la que viven en Italia”.

Teresa Rodríguez ve "escandaloso" lo ocurrido

La parlamentaria andaluza no adscrita Teresa Rodríguez ha reclamado este viernes que se actúe "de forma inmediata" para evitar el ingreso en prisión de Juana Rivas, que ha sido condenada a dos años y medio de prisión por el Tribunal Supremo por sustracción de menores, y que su encarcelamiento "lance un mensaje a las madres que tratan de proteger a sus hijos en un contexto de violencia de género" de que "no pueden hacer nada" porque "el sistema siempre se va a posicionar del lado del agresor".

Rodríguez ha considerado en declaraciones remitidas a los medios que el caso de esta madre de Maracena es "un absoluto escándalo", después de que el Juzgado de lo Penal 1 de Granada haya acordado este pasado jueves su ingreso en prisión para el cumplimiento de la pena a la que ha sido condenada después de que en verano de 2017 pasara un mes en paradero desconocido con sus dos hijos incumpliendo las resoluciones judiciales que le obligaban a entregárselos al padre, al que acusa de malos tratos.

"Si entra en la cárcel lo que estamos lanzando es un mensaje a las madres que tratan de proteger a sus hijos en un contexto de violencia de género" de que "no pueden hacer nada al respecto porque el sistema siempre se va a posicionar del lado del agresor" y de que "la justicia patriarcal se sale con la suya", ha advertido Teresa Rodríguez, para quien este caso está "cargado de irregularidades" y "no se han dado garantías a Juana Rivas para que se defienda".

Junto a ello ha considerado "imprescindible" una reforma del sistema judicial que ofrezca garantía de que los tribunales tienen suficiente formación en materia de violencia de género y que cumplen con la Ley de Igualdad" que establece la necesidad de tener una perspectiva de género a la hora de dictar sentencia.