Motril advierte del “parón” que sufrirá el modelo de ciudad, más allá de los 500 metros de protección fijados en el Plan litoral

El concejal de Gestión del Territorio y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Motril, José Luis Chica, ha denunciado la incidencia que tendrá la entrada en vigor del Plan de protección del Corredor Litoral andaluz, “más allá de la limitación de edificación en los 500 metros fijados desde la línea de costa”.

En este sentido, Chica ha relatado que las consecuencias de la aplicación del Decreto afectarán también al modelo de ciudad previsto en el plan General de Ordenación Urbana de Motril (PGOU), puesto que el Plan litoral obliga a los sistemas locales a adaptarse al POTA, que no contempla suelos urbanizables que supongan un 40% más que los existentes y un 30% de crecimiento de la población”.

El responsable municipal ha expresado el “parón” al que se verá avocado Motril en este sentido, “que tiene que superar una nueva barrera al desarrollo del municipio porque de los seis millones de metros cuadrados ya aprobados en el PGOU solo podría utilizar tres millones y peligrarían de este modo tanto 8.000 de las 16.000 viviendas previstas como infraestructuras vitales para complementar los servicios y recursos planteados en el documento local, que paradójicamente contó con el visto bueno de la Junta”.

“No es de recibo que tras haber elaborado un PGOU con una previsión de 15 años vista, que fue aprobado hace tan solo nueve años, venga ahora la Junta de Andalucía a desdecirse y dejar en el aire proyectos como la estación de autobuses en la zona norte, la ampliación del parque de los Pueblos de América y la prolongación de la ronda de Levante y norte, así como el desdoblamiento de la ronda de Poniente”, ha denunciado el concejal, quien además ha defendido que el Plan General de Ordenación Urbana de Motril apuesta por un desarrollo “equilibrado”, que nada tiene que ver con planteamientos de otros municipios sobresaturados de edificaciones.

En cifras concretas, el concejal ha informado que de los 800.000 metros cuadrados previstos para grandes infraestructuras, la Junta obligaría a que Motril solo pudiese aprovechar 400.000 y que de la superficie de 1.200.000 metros para equipamientos como colegios, instalaciones deportivas administrativas o sanitarias se reduzca este espacio a la mitad. “De este modo es imposible que la ciudad pueda completar el déficit de dotaciones, especialmente en barrios periféricos que necesita”, ha argumentado Chica.

Para el delegado de Gestión del Territorio estos imperativos que marca la Junta de Andalucía de aplicación a todos los municipios costeros de la Comunidad, “están redactados a papel frío, sin tener en cuenta las singularidades de ciudades como Motril, que no puede permitirse perder ni una oportunidad más”. “Qué vamos a decirle a los inversores que quieran apostar por el centro comercial en el cortijo del Conde o a quien esté dispuesto a asentar una industria en Motril”, se ha lamentado el edil, quien ha continuado relatando que esta situación está generando inseguridad jurídica a los empresarios que veían con buenos ojos las oportunidades comerciales de nuestro municipio, pero que ahora, con estas restricciones, se quedan en suspenso todos los trámites administrativos para poder emprender, al obligar a la ciudad a plegarse en las imposiciones de la Junta.

En cuanto a la instalación de hoteles en la franja litoral protegida por el Plan, José Luis Chica ha expuesto que si bien es cierto que puntualmente el documento permite que se construyan este tipo de infraestructuras, “no sería lógico que en zonas como Carchuna se edificará un establecimiento hotelero si después no puede existir una urbanización adyacente complementaria que preste servicios y el hotel quede rodeado de invernaderos, que tampoco aportan el valor paisajístico del que gozan otras zonas como Cádiz o Huelva”.

El responsable de Gestión de Territorio ha puesto de ejemplo tres casos concretos que a día de hoy ya está paralizando el modelo de ciudad dibujado en el planeamiento local: por un lado el ecobarrio previsto en la antigua zona de la vaquerías, “una gran apuesta del Ayuntamiento que fue premiada en su momento y aplaudida por la Junta, cuya gestión se encomendó a la Empresa pública del Suelo de Andalucía y cuyo suelo no puede continuar su tramitación.

Lo mismo sucede con el desarrollo urbanístico de la zona de la Nacla, que quedaría también frenado en su gestión o los terrenos en una de las parcelas de la urbanización frente al centro comercial Alcampo, donde se preveía una modificación de uso de 12 viviendas unifamiliares por la construcción de un edificio de VPO con 42 viviendas destinadas a ciudadanos con menores recursos y que con estas condiciones quedan bloqueadas.

Ante este panorama, que está mermando las posibilidades de futuro de la ciudad y las oportunidades de generar empleo y riqueza, José Luis Chica ha solicitado que la Junta de Andalucía revise el caso de Motril y tenga en cuenta sus particularidades para poder seguir creciendo amparada por un desarrollo “equilibrado, ordenado y flexible”, tal y como establece el PGOU vigente.