Movilidad propone cambios en las líneas y reajustes en el número de revisores en la LAC

“La movilidad se ha convertido en uno de los principales problemas para los granadinos desde que se propuso el modelo de la LAC”, así ha comenzado su intervención en rueda de prensa Raquel Ruz, concejala de movilidad en el Ayuntamiento de Granada. La edil, que no ha dudado en tachar la LAC de despropósito, ha querido recordar que “tuvimos que afrontar la conexión con el PTS en prácticamente un mes porque no había nada previsto”.

Ruz ha achacado a este modelo la deuda de quince millones de euros contraída hasta el día 30 de junio con Transportes Rober, así como el déficit de tres millones y medio contraído durante el año 2015, cifra a la que se llegará “como mínimo” este año según la concejala.

Para incentivar la movilidad y frenar la pérdida de usuarios que se está produciendo en el servicio de transporte público granadino, el Ayuntamiento llevará el día 16 de septiembre al Observatorio de Movilidad una propuesta basada en “líneas exprés”. Esta propuesta consistirá en la formación de líneas que puedan “atravesar la ciudad sin hacer transbordo”, proyecto que está todavía en fases muy prematuras, por lo que “hay que estudiar cómo se hará, probablemente se fusionen líneas”.

Otro tema que será llevado al Observatorio de Movilidad es la intención de realizar ajustes en el número de revisores de la Línea de Alta Capacidad, donde “todos nos hemos encontrado con que te piden el billete hasta tres veces en un solo trayecto”. La concejala ha insistido en la necesidad de este cambio desde un enfoque económico, y es que en el año 2015 el sistema de revisores supuso un coste para las arcas municipales de 647.599 euros, de los cuales se recuperaron 64.778, algo que “supone un coste de diez veces lo que se recauda”.

Este servicio “sobredimensionado” según Raquel Ruz, ha supuesto un coste total en lo que va de año de 535.146 euros al Ayuntamiento, recuperando por multas sólo 37.345. Es por ello que, de mantenerse las cifras hasta 2017, la edil ha afirmado que “este año nos costaría bastante más que en 2015”, por lo que se trata de un tema que “tenemos que llevar al Observatorio de Movilidad” porque “hay que tomar decisiones”.

La concejala de Movilidad ha expresado su deseo de que estas decisiones políticas se tomen de manera consensuada por todos los grupos políticos, estudiando así todas las propuestas y eligiendo la que consideren más adecuada para paliar con el dilema.