Municipios granadinos se beneficiarán de la sentencia que obliga a las eléctricas a pagar por sus tendidos
Es el caso de Güéjar Sierra, cuyo alcalde, José Robles, cifra en 400.000 euros los ingresos anuales por este concepto y anima al resto de pueblos a imponer la tasa
La reciente sentencia del Tribunal Supremo contra las empresas eléctricas y de gas, que les obliga a pagar por la utilización del uso de suelo público para sus tendidos y canalizaciones, puede suponer un buen pellizco de ingresos para muchos municipios de la provincia de Granada. El Alto Tribunal ha fallado que estas empresas deberán abonar una tasa, fijada en función a unos cálculos determinados, por atravesar sus dominios con las instalaciones de transporte de energía y canalizaciones. Hasta ahora, estas grandes empresas de electricidad y gas no reconocían tal gravamen, establecido en 2004 en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Ahí se reseña que las eléctricas, con sus tendidos de todo tipo de tensión, las empresas de gas, de agua e hidrocarburos, deben pagar a los municipios a los que suministren por aire suelo o subsuelo un 1,5% de su facturación en el término local y que también están obligadas a pagar por atravesar las poblaciones, aunque no les suministre. Pero estas empresas no reconocieron esta tasa, o la consideraron desproporcionada, y los recursos de los ayuntamientos habían sido desestimados.
Sin embargo, tras varios años de batalla judicial de los municipios, ahora el fallo del Supremo avala que los ayuntamientos puedan reclamar este pago que, según la sentencia, puede alcanzar los 12.000 euros anuales por cada metro lineal afectado, lo que para algunos municipios de la provincia de Granada podrían suponer un ingreso de cientos de miles de euros.
No obstante, la mayoría de los ayuntamientos tendrán que adaptar sus ordenanzas fiscales, mediante su aprobación en pleno, para adaptarse a este nuevo escenario planteado por el Tribunal Supremo ya que, de momento, las grandes compañías solo tendrán que satisfacer esas cantidades económicas a los municipios que cuenten con una ordenanza fiscal específica que recoja la obligatoriedad de ese pago.
Es el caso de Güéjar Sierra, que lleva siete años litigando contra estas grandes compañías a través de la Federación de Municipios con embalses y Centrales Hidroeléctricas de la que es miembro el municipio. Según explica su alcalde, José Robles, esta Federación ya logró en su día que el Supremo reconociera el pago del IBI de los embalses y son los que ahora han conseguido que a estas compañías eléctricas y de gas se les pueda cobrar esta tasa. “Es una noticia espectacular para Güéjar Sierra”, afirma Robles, quien calcula que el Consistorio güejareño se podría ver beneficiado en torno a unos 400.000 euros anuales. “De una vez por todas las grandes compañías eléctricas, que nos cobran todos los meses a los ciudadanos e instituciones, tendrán que pagar por usar terrenos que son propiedad del Ayuntamiento y, por tanto, de todos los vecinos del municipio”.
El alcalde de Güéjar Sierra explica que tendrán que pagar, mediante tasa, “las instalaciones de líneas de alta, media o baja que no sean específicas para suministrar al municipio. Han sido siete años de espera, de trabajo y de lucha en los tribunales, y ya el Supremo ha sentado doctrina, por lo que estamos muy satisfechos por la sentencia".
El beneficio para la población ubicada a las faldas de Sierra Nevada es muy importante, según su primer edil: “En el caso de Güéjar Sierra estamos hablando en torno a 400.000 euros anuales. En el TSJA habíamos perdido varias sentencias, aunque hay alguna todavía por resolver, que esperemos que ahora nos den la razón. Lógicamente liquidaremos ya el año 2016, que no lo habíamos hecho, y el año 2017. Para un municipio como el nuestro, 400.000 euros suponen el quince por ciento de los ingresos. Por tanto, estamos muy contentos".
Además, José Robles, que fue vicepresidente de la Diputación en el mandato anterior, y que actualmente es el portavoz del Partido Popular en la institución provincial, vela por el resto de municipios de la provincia granadina, que cree que podrían salir muy beneficiados: “Creo que la gran mayoría porque, si exceptuamos las grandes urbes o el Área Metropolitana, casi todos tienen el paso de esas líneas. Me acuerdo, por ejemplo, de la zona de Huéscar, donde hay municipios con grandes extensiones de terreno y por ahí pasan todas las líneas. Lo que tienen que hacer los ayuntamientos es comprobar si estas instalaciones pasan por terrenos municipales, gravarlas, aprobar su tasa y cobrar, que creo que lo tenemos merecido”.
Cabe recordar que, en la sentencia dictada, el Tribunal Supremo avala que los ayuntamientos graven a estas empresas con un cálculo que sobrepasa el valor catastral de los terrenos y que incluye su utilidad, al aceptar que estos puedan catalogar como construcciones las líneas eléctricas y las canalizaciones de gas de cara al cálculo de la base imponible de la tasa por utilización del dominio público local. Afectará a 5.000 municipios de toda España. La cuota a pagar se sitúa en una horquilla entre 3.000 euros y 12.000 euros por metro lineal según el tipo de tensión -baja, media o alta-. En lo que respecta al gas, oscila entre los 500 euros y los 4.000 euros.
