"Los casos de ocupaciones ilegales han aumentado muchísimo con la pandemia"

La memoria anual de la Fiscalía Provincial destacaba la “problemática especial” que se ha detectado en Granada en materias como la ocupación ilegal de viviendas en el último año. La ‘okupación’ se ha convertido en un fenómeno que golpea a los propietarios de viviendas y edificios en toda España y que ha aumentado “muchísimo” con la pandemia del Covid-19 y la crisis económica que ha generado. Son varias las empresas que trabajan para ofrecer servicios de desalojo efectivos, pero hace unos meses se puso en marcha la primera en Granada dirigida por una mujer. La granadina Ángela Mendoza vio la oportunidad de crear AMA Desokupa en plena crisis por la pandemia, una empresa que ofrece “servicios de desalojo efectivos y legales 100%, ya sea por impago de rentas o por ocupación, pero siempre con responsabilidad social”. “Contamos con grandes profesionales para ayudar a acabar con este movimiento ilegal que azota cada vez a más familias y dueños de inmuebles”, asegura Mendoza.

Los procedimientos para ayudar a los propietarios afectados por una ocupación ilegal que realiza AMA Desokupa tienen un “análisis previo” que va en consonancia con la política de “responsabilidad social”. “Cuando hice el primer desalojo, después de intentar dormir, pensé que no podía trabajar así y, a partir de ahí, implantamos en la empresa una nueva política con conciencia social. Es importante estudiar ambas partes. A partir de ahí, como cada desalojo tiene diferentes inquilinos precarios u 'okupas', estudiamos las necesidades reales de cada uno y le brindamos oportunidades sociales para su inclusión social”, asegura.

“No es lo mismo desalojar a una comuna de okupas que a una familia con menores y lo que hacemos es estudiar el caso y, dependiendo de las necesidades, nos apoyamos en nuestras colaboradoras sociales, que a veces son entidades de ámbito público y otras de ámbito privado”, explica Mendoza. Ayudas económicas, apoyo para encontrar trabajo, una vivienda social o entrega de alimentos son algunas de las ayudas que las entidades que colaboran con AMA Desokupa pueden ofrecer a los afectados, tanto a los inquilinos como a los okupas.

Son varias las experiencias de inclusión social que esta empresa granadina ha desarrollado, pero hay una que “tocó el corazón” a Mendoza. “Fue un chico que nos trajimos de Toledo tras hacer el desalojo por un impago de rentas. El chico quedaría en la calle y sin trabajo y yo, sin pensarlo, como en Granada tengo más mano, me lo traje. Aquí le buscamos un sitio que era momentáneo, en la Granja Escuela Parapanda, en Íllora. Allí le dieron alojamiento y trabajo temporal. Estuvo unos 15 días y después le buscamos una vivienda en la que podía vivir ya de modo continuo y un trabajo de jornada completa en una empresa cárnica. Esto fue todo a través de una entidad colaborativa que se llama Asociación Familias Solidarias, que tiene una sede en Granada, otra en Sevilla y otra en Murcia”, explica.

Además de en Granada, AMA Desokupa también ha atendido casos de ocupación ilegal y desalojos por impago de rentas en otras ciudades como Toledo, Ciudad Real, Murcia, Sevilla y Huelva. “Los casos han aumentado muchísimo con ocupación e impago de rentas a nivel nacional y mundial. La coyuntura que estamos viviendo con la pandemia es algo que nos afecta a todos”, señala Mendoza, quien apunta que no se ha encontrado “problemas como tal, pero sí barreras” al desempeñar su trabajo en un ámbito de actuación etiquetado en el mundo masculino. “Pero nada que no se pueda solucionar con unos buenos tacones”, añade con una sonrisa.

Los procedimientos para realizar un desalojo no son “sistemáticos por definición, porque cada caso es diferente, tiene unas necesidades y la mediación siempre juega un papel fundamental”, asegura Mendoza. Si se trata de un caso de 'okupas', que han tomado una vivida o local deshabitado y se han instalado en él sin el consentimiento de su propietario, el desalojo puede producirse “entre 24 y 72 horas” desde la firma del contrato y si es un caso de impago de rentas, en el que se actúa a través de negociación, puede tarde “entre siete y 25 días” en producirse. “El objetivo principal es que el propietario recupere su casa, porque es suya”, destaca Mendoza.