El Parlamento andaluz convalida el decreto que destina a residencias 13,5 millones para gastos causados por el coronavirus

El Pleno del Parlamento andaluz ha convalidado este miércoles, con los apoyos de PP-A, Ciudadanos (Cs) y Vox, y las abstenciones del PSOE-A, Adelante y los diputados no adscritos procedentes de ese grupo, el decreto ley de la Junta que contempla una medida económica extraordinaria y urgente de 13,5 millones de euros --13.513.534,78 en concreto-- destinada a las entidades prestadoras de los servicios de atención residencial, centros de día y de noche y centros de día con terapia ocupacional para personas en situación de dependencia con el objetivo de que puedan hacer frente a los gastos ocasionados por la pandemia de Covid-19.

Se trata, en concreto, del Decreto-ley 31/2020, de 1 de diciembre, de medidas extraordinarias y urgentes en materia de evaluación ambiental estratégica de determinados instrumentos de planeamiento urbanístico y para impulsar la realización de proyectos de absorción de emisiones en Andalucía, así como de apoyo económico a las entidades prestadoras de los servicios de atención residencial, centro de día y de noche, y centro de día con terapia ocupacional para personas en situación de dependencia, como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (Covid-19).

De esta manera, el decreto prevé ese presupuesto de 13,5 millones de euros para dotar a estos centros de una cuantía fija mensual por plaza concertada y ocupada, que se materializará con la última liquidación presentada y validada con el objetivo de garantizar la prestación del servicio a las personas dependientes y sus familias, así como el sostenimiento del sector social y los puestos de trabajo vinculados.

Así lo ha puesto de relieve ante el Pleno la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, quien ha detallado que, en la actualidad, Andalucía cuenta con 1.415 centros con vinculación jurídica con la Agencia de servicios sociales y dependencia de Andalucía (Assda), entidad adscrita a su consejería.

Mediante estos centros, el número de personas beneficiarias que tienen prescrito en el Programa individual de atención, el servicio de atención residencial o el de centro de día, asciende a 37.886.

La consejera ha puesto de relieve que la actividad de los centros de atención a personas mayores y con discapacidad se ha visto alterada directamente por la actual situación de crisis sanitaria, así como que las medidas preventivas de salud pública afectan sensiblemente a la gestión habitual de estos recursos mediante la exigencia de planes de contingencia y actuación para la prevención de la epidemia.

Son medidas que, según ha subrayado, conllevan un incremento en los gastos, lo que provoca un "perjuicio notable" a la capacidad económica de las entidades prestadoras del servicio, según ha advertido antes de resaltar que este riesgo para la continuidad del sector supondría "un importante impacto para las personas en situación de dependencia y sus familias, de gran repercusión social".

Mediante el pago adicional que ha dispuesto la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, los centros podrán reducir los efectos económicos ocasionados por la compra de equipos de protección individual y material higiénico-sanitario, los gastos de contratación de personal, la adecuación de espacios para garantizar el distanciamiento social, el incremento de rutas en el transporte y su desinfección y otras medidas adicionales de higiene y protección realizadas durante el segundo semestre de 2020 para frenar y reducir el contagio por Covid-19.

Esta cuantía fija mensual se determinará en función de diferentes requisitos como el número de plazas concertadas y ocupadas los días 1 de cada mes durante el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2020, haber prestado los servicios concertados, no haber cesado en la actividad y haber afrontado los gastos extraordinarios a que se ha hecho referencia. Las entidades beneficiarias deberán destinar las prestaciones a la finalidad prevista, garantizando la continuidad de los servicios.

En el caso de los servicios de atención residencial, las cantidades a percibir por plaza oscilan entre los 66,30 euros de las plazas para mayores dependientes y los 147,60 euros de las residencias para personas gravemente afectadas con daño cerebral sobrevenido. Para el servicio de centros de día y noche y terapia ocupacional, el pago adicional por mes va de los 17,21 euros en los casos de terapia ocupacional para personas adultas en régimen de internado y los 63,84 para personas con daño cerebral sobrevenido.

ADAPTACIÓN DE LA LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO

Por otro lado, el decreto convalidado aborda también la modificación de un artículo de la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de Medidas frente al cambio climático y para la transición energética en Andalucía, para que los proyectos de compensación de emisiones puedan hacerse en terrenos de titularidad tanto pública, como hasta ahora, como privada.

En concreto, el artículo de dicha ley que modifica este decreto es el número 37, que se centra en los proyectos de compensación de emisiones, que "tienen por objeto el incremento de la capacidad de sumidero de carbono en terrenos de dominio público", según se recogía hasta ahora en la citada norma sobre cambio climático.

Con la modificación planteada en el decreto debatido este miércoles, la Junta plantea "fomentar un mercado de proyectos de compensación para que las empresas del sector inviertan en reforestar Andalucía y contribuir al desarrollo rural, como han demandado".

Del mismo modo, el decreto ley convalidado también pretende "resolver la incertidumbre jurídica generada por distintas resoluciones judiciales del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contrarias al procedimiento de aprobación definitiva de los planteamientos urbanísticos por la evaluación ambiental estratégica y que se venían aplicando conforme a los criterios de la Ley de 3/2015 de Medidas en Materia de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, de Aguas, Tributaria y de Sanidad Animal", según ha detallado la Junta.

PERSONAL DIRECTIVO SANITARIO

Por otro lado, el decreto incluye dos disposiciones adicionales dedicadas, respectivamente, a la actividad asistencial del personal directivo de las agencias públicas empresariales sanitarias y del Servicio Andaluz de Salud.

Así, respecto al personal directivo de las agencias públicas empresariales sanitarias se indica que "podrá percibir las retribuciones correspondientes a las jornadas complementarias y, en su caso, continuidades asistenciales, de la categoría y especialidad de la que tenga titulación, que efectivamente realice, previa autorización de la Dirección Gerencia de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria correspondiente, por causa asistencial debidamente motivada y dentro de los cuadrantes de las respectivas unidades de cada centro, cuando las mismas se produzcan durante el período en que se encuentren vigentes las medidas que se establecen en el artículo 3 del Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19".

De igual modo, el personal directivo del SAS, "de forma excepcional durante el período en que se encuentren vigentes las medidas que se establecen" en el citado artículo 3 de Real Decreto-ley 29/2020, "podrá realizar jornadas complementarias y, en su caso, continuidades asistenciales, de la categoría y especialidad de la que tenga titulación, previa autorización de la Dirección General competente en materia de personal del Servicio Andaluz de Salud, por causa asistencial debidamente motivada y dentro de los cuadrantes de las respectivas unidades de cada centro, percibiendo las retribuciones establecidas a tal efecto".