El Parlamento avala el acuerdo de la Junta para resolver el contrato de la autovía Iznalloz-Darro de 2011

El Pleno del Parlamento andaluz ha autorizado este miércoles, con los únicos votos a favor del PP-A, el acuerdo transaccional a suscribir por la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía con Autovía de la Sierra Arana, S.A., para resolver el contrato de concesión para la construcción, conservación y explotación de la autovía Iznalloz-Darro (A-308), cuyo origen se remonta al año 2011. Vox se ha abstenido y PSOE-A, Por Andalucía y Grupo Mixto-Adelante Andalucía han votado en contra.

La autorización a este acuerdo transaccional se ha abordado este miércoles en el primer Pleno del nuevo periodo de sesiones, a petición del Consejo de Gobierno, que autorizó en su reunión del pasado 25 de julio un expediente de gasto de 8,67 millones de euros para resolver dicho contrato de concesión que, según ha criticado ante el Pleno la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz (PP-A), "no se ejecutó" por parte de la anterior administración socialista.

Dicho contrato se acordó en 2011 como la primera obra de colaboración público-privada para la construcción de autovías, e incluso se celebró un acto de comienzo de los trabajos en abril de 2012, pero nunca se llegó a ejecutar, según ha denunciado la consejera.

"Las obras no llegaron nunca a iniciarse de forma efectiva, ni tampoco se llegó a formalizar el cierre financiero de la concesión, hito necesario para el desarrollo de la misma", ha criticado la titular de Fomento, que ha denunciado que "los más de 180 millones de euros anunciados para la ejecución de esta nueva autovía nunca aparecieron.

El acuerdo transaccional avalado por el Parlamento procede de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, y el pago acordado con la UTE, que incluye la actualización conforme al IPC, cuenta con dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía y con la conformidad previa del contratista. Además, la Agencia de Obra Pública devolverá el aval depositado en su día por el concesionario para la formalización del contrato.

Antecedentes

Desde el Gobierno andaluz han explicado que la Junta adjudicó el 9 de mayo de 2011 por 184,7 millones de euros a una unión temporal conformada por cuatro empresas el referido contrato de concesión de la autovía Iznalloz-Darro, con un plazo de ejecución de 32 meses y, por tanto, con una previsión de puesta en servicio de finales de 2014.

Sin embargo, este plan "nunca se materializó, pues no se construyó ninguna de las carreteras previstas", incluida la autovía Iznalloz-Darro. El concesionario no cumplió el plazo establecido ni la posterior prórroga al cierre de la financiación o entrega del Plan Económico-Financiero, instrumento que, según la Junta, debía dotar a la construcción de recursos económicos necesarios para su ejecución y que figuraban en el propio pliego del contrato.

Al respecto, la concesionaria aludió que este plan no se llevó a efecto "por la incertidumbre vertida al proyecto por los responsables del Gobierno andaluz de aquel momento, que mostraron públicamente su disposición a una resolución o suspensión del proyecto". Eso derivó, según argumentaron, en que las entidades financieras con las que se había negociado desistieran.

Pese a mostrar esa disposición, los dirigentes de las administraciones anteriores no resolvieron el contrato durante los años posteriores a la paralización de estas obras, según han incidido desde la Junta. Seis años después, el 3 de diciembre de 2018, la concesionaria reclamó a la administración autonómica una indemnización por daños y perjuicios de 87,21 millones de euros conforme a su interpretación del pliego del contrato de concesión por colaboración público-privada suscrito en julio de 2011 con la Agencia de Obra Pública.

A dicha solicitud de la resolución por vía administrativa se sumó la interposición de una demanda ante el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 10 de Sevilla, en la que la concesionaria seguía reclamando una indemnización por daños y perjuicios en concepto de lucro cesante, al margen del reconocimiento de los costes incurridos.

Durante la pasada legislatura, una vez iniciado el expediente de resolución por parte de la Agencia de Obra Pública el 9 de octubre de 2020, se acordó el archivo provisional de las diligencias evitándose la judicialización y, posteriormente, el concesionario formalizó su desistimiento definitivo a continuar con dicho recurso contencioso-administrativo. A partir de ahí se adoptó la vía de resolver el contrato.

Esta solución queda totalmente formalizada, con la autorización del Consejo de Gobierno, y la aprobación, este miércoles, del acuerdo transaccional por parte del Parlamento de Andalucía, que, según ponen de relieve desde la Junta, otorga la "máxima seguridad jurídica" a ambas partes, es decir, a la administración y la sociedad concesionaria.

Consejo consultivo

Un dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía avala esta resolución, considerando ajustado a derecho el reconocimiento de los costes incurridos por el concesionario. La administración ha cuantificado estos costes conforme a lo dispuesto en el pliego.

Estos costes incurridos o inversión efectuada se corresponden al pago del impuesto del Patrimonio Cultural y el impuesto de transmisiones patrimoniales, además de los gastos derivados del establecimiento de una oficina, la contratación de personal, los gastos de consultoría por la redacción del proyecto de construcción o el ensayo de materiales.

También se incluyen otros gastos derivados de la elaboración de su oferta, como avales y seguros o gastos en topografía y cartografía. Todos estos gastos fueron efectuados durante 2011 y 2012.

Desde la Junta han defendido también que la gestión de este expediente de resolución del contrato ha evitado "una judicialización del conflicto, con la consiguiente dilación hasta la sentencia firme y el abono adicional de intereses de demora, además del pago de una indemnización millonaria".

En el turno de intervenciones de los grupos en este debate, el diputado del PP-A Antonio Saldaña ha agradecido al Gobierno de Juanma Moreno la solución que ha acordado para resolver dicho contrato, y ha criticado la "herencia" que la "mala gestión" de la anterior administración socialista ha recibido el Ejecutivo 'popular'.

El parlamentario del PSOE-A Gerardo Sánchez ha señalado que lo que le "preocupa" a la ciudadanía es "saber si se va a realizar la construcción de la autovía" en cuestión, por lo que ha emplazado a la consejera de Fomento a aclararlo, o a indicar si lo que pretende la Junta es "una adecuación de la carretera", una alternativa que contará con el "rotundo rechazo" del Grupo Socialista, según ha anticipado.

El portavoz adjunto de Vox, Ricardo López, ha aprovechado su intervención para afear a los socialistas el "malgasto" de dinero público y el "despilfarro" que, en su opinión, han cometido durante sus años de gobierno, tras lo que ha apuntado a la consejera que el "pleito" emprendido por la Junta le ofrece "muchas dudas" a su grupo, teniendo en cuenta que hubo "un incumplimiento por parte de la concesionaria" de dicho contrato.

Por último, la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha denunciado los "efectos perversos del modelo de colaboración público-privada a la hora de aplicarlo a la construcción de infraestructuras como ésta", y ha afeado a la consejera no haber aludido a un informe de la Cámara de Cuentas de 2014 que "avalaba que aquella obra no se hiciera por la colaboración público-privada, porque al contribuyente andaluz le iba a salir la obra por el doble de lo que costaba acudiendo a los mecanismos de financiación tradicional".