El PAS Laboral de la UGR critica la privatización de servicios a raíz de la pandemia

Un tercio de la plantilla de los trabajadores laborales (PAS – Laboral) de la Universidad de Granada (UGR) se han concentrado este miércoles ante la puerta del Rectorado para exigir el mantenimiento de derechos, percepciones económicas y la apertura de los centros cerrados de la UGR como son los comedores universitarios y otros servicios que para los convocantes “la rectora de la universidad pretende privatizar”.

Durante el acto, convocado por las secciones sindicales y representantes en el Comité de Empresa de CTI y SAT, al que se han sumado la sección de Profesorado Docente Investigador del SAT y el sindicato estudiantil USE, han intervenido Manuel Hidalgo (CTI) y Miguel Ángel Gámez (SAT), además de las secciones antes citadas y diverso personal de la institución académica, que han aprovechado para celebrar una asamblea dentro de los jardines del Hospital Real.

Según informaron los concentrados, que componía cerca de un tercio de la plantilla de personal laboral, la negativa de la rectora y la gerente a entrevistarse con el comité del PAS es "una nueva actuación encaminada a saltase la legalidad, conculcar la Libertad Sindical y saltarse a los legítimos interlocutores para abundar en la política de privatización emprendida por el rectorado".

"En la Universidad de Granada (UGR) se ha llevado a cabo una reconversión de personal laboral a personal funcionario. De los 1.200 laborales se han quedado algo más de 200. Desde la coalición CTI-SAT estamos luchando porque estas personas laborales no pierdan derechos adquiridos y se siga atendiendo al comité de empresa como órgano de negociación. Otro asunto que defendemos es que los servicios no se vean perjudicados ya que se intenta implantar un calendario laboral 2021, donde con la excusa de la pandemia se está aprovechando para quitar parte de derechos laborales adquiridos; ejemplo los servicios que tienen jornada especial (comedores, deportes y jardines). Así como la obligación de hacer trabajar en el mes de agosto a personal que antes se le impuso disfrutar de sus vacaciones en ese mes", aseguran.

El Comité de Empresa inició una campaña de recogida de firmas del personal afectado y se han conseguido unas 100 aproximadamente. Estas firmas se han enviado a la Rectora de la UGR. "Viendo que nos está posponiendo la negociación, hemos convocado una concentración-asamblea para explicar la situación y reivindicar no perder los derechos laborales conseguidos. Así como exigirles la apertura inmediata de todos los servicios, incluidos los comedores universitarios. Esta situación está produciendo numerosos ceses, sobre todo en limpieza y comedores", indican.

Respuesta de la gerencia de la UGR

Por su parte, desde la gerencia de la Universidad de Granada (UGR) han aclarado que las reuniones con el comité de empresa son "contantes", las últimas realizadas el 29 de enero y el 18 de febrero, además de haberse producido un encuentro con la rectora el 15 de febrero.

Sin embargo, especifican que "no hay ningún derecho que se haya recortado ni ninguna percepción económica que se haya reducido y el cierre de algunos servicios, como el de comedores, se debe únicamente al cumplimiento estricto de la normativa sanitaria que específicamente así lo ha determinado para nuestra Universidad".

"En ningún momento se está hablando de privatización de determinados servicios en la Universidad de Granada, muy al contrario, aun cuando se ha producido una minoración importante del trabajo necesario para mantener la actividad que le es propia a nuestra institución, se han mantenido todos los puestos de trabajo desde que empezó el cierre de nuestras instalaciones en marzo de 2020, incluso de personal eventual. Por tanto, no se ha saltado la legalidad ni la libertad sindical ni mucho menos ha llevado a cabo ningún cese", han aseverado.

En este sentido, indican que lo que sí se está produciendo es una sustitución de las personas que desempeñan dichas comisiones de servicio, "como consecuencia del proceso de funcionarización".

"Hemos remitido escrito al Centro de Mediación y Arbitraje de la Junta de Andalucía para que nos aclare la legalidad y la capacidad de negociación y de llegar a acuerdos de un Comité de Empresa de 23 miembros que se ha quedado en ocho miembros y que se niegan a convocar nuevas elecciones", concluyen.