Piden 2 años de cárcel y 20 de inhabilitación para alcalde de Cájar (PP) por posible trato de favor
El regidor, "dispensando un trato de favor" al entonces teniente de alcalde y concejal, Raúl Montoya, le concedió por decreto de fecha 24 de julio de 2009 licencia de primera ocupación que había solicitado para una vivienda
Román Callejón
La Fiscalía de Granada ha solicitado dos años de prisión, 20 de inhabilitación para empleo o cargo público y multa de 21.600 euros para el alcalde de Cájar (Granada), el 'popular' Fidel Prieto, por supuesto trato de favor al que fuera su teniente de alcalde en la concesión de una licencia de ocupación para su vivienda en contra de los informes técnicos municipales, por lo que está acusado de un delito de prevaricación urbanística y otro de prevaricación común.
Según consta en el escrito de acusación del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, el regidor, "dispensando un trato de favor" al entonces teniente de alcalde y concejal, Raúl Montoya, le concedió por decreto de fecha 24 de julio de 2009 licencia de primera ocupación que había solicitado para una vivienda.
Todo, pese a un acuerdo de la junta de gobierno local celebrada el 13 de junio de 2006 en el que se estableció que no se le daría licencia de ocupación ni se podría utilizar la edificación en tanto las obras de la urbanización donde se ubicaba la parcela, incluidas zonas verdes, no estuvieran completamente concluidas y entregadas al Ayuntamiento, previa inspección de técnico municipal y el encargado de obras y servicios.
Asimismo, constaba en el expediente tramitado al efecto informe del encargado de obras municipales indicando que a aquellas fechas aún quedaba pendiente de ejecución la pavimentación asfáltica, la colocación de tapas en arquetas y la instalación de circuitos de alumbrado y red de baja tensión, e incluso un informe desfavorable de la secretaria municipal, haciendo constar que dicha licencia no podía concederse por cuanto las obras de urbanización y estaban terminadas ni habían sido recepcionadas por el Ayuntamiento, lo que vulneraba la normativa.
Posteriormente el procesado, mediante providencia de fecha 7 de septiembre de 2009, resolvió incoar procedimiento para declarar la lesividad del decreto por el que se concedió la licencia de ocupación vulnerando la legalidad urbanística si bien la finalidad perseguida no era otra que "eludir su responsabilidad". De hecho, en sesión extraordinaria de pleno celebrada el 14 de marzo de 2013, a propuesta del alcalde, se aprobó el acuerdo de desistir de la declaración de lesividad de la licencia.
El caso se llevará a juicio en un Juzgado de lo Penal, pero aún está pendiente de señalamiento.
