Piden 30 años de prisión para el acusado por el asesinato de una joven en Albolote

La familia de la joven de 29 años que, el 5 de febrero de 2021, fue brutalmente golpeada y apuñalada hasta la muerte en la empresa de manufacturas químicas en la que trabajaba en el Polígono de Juncaril, en Albolote, ha solicitado una pena de 30 años de prisión para el acusado de este crimen, que será juzgado el 19 y 20 de septiembre en la Audiencia de Granada.

Será un jurado popular el que se encargue de enjuiciar este caso, en el que la Fiscalía ha solicitado la libre absolución del presunto asesino al entender que cuando cometió los hechos padeció un brote psicótico que anuló sus facultades, aunque pide que sea internado en un centro psiquiátrico penitenciario por un tiempo máximo de 22 años y medio.

La acusación particular, ejercida por los padres de la víctima, discrepa de este análisis y alega que el acusado, de 34 años, nunca había presentado ningún trastorno o afectación psicológica y cometió el crimen encontrándose en "pleno uso de sus facultades", según se expone en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press. En lo que coinciden ambas acusaciones es en que mató a la joven, de nombre Ana Elena, con gran "crueldad", causándole un "gratuito e innecesario sufrimiento" a fin de aumentar su agonía en lo que califican como un asesinato con alevosía y ensañamiento.

Cuando se produjeron los hechos, la víctima trabajaba realizando tareas administrativas en esta empresa de manufacturas químicas situada en el Polígono de Juncaril, la cual era propiedad del padre del acusado. Éste "llevaba tiempo sin acudir a trabajar", pero pese a ello cobraba un salario mensual "que le entregaba en mano su padre". No obstante, en la época en que se produjeron los hechos el propietario de la empresa estaba ingresado en el hospital por lo que surgieron problemas en relación al pago de las nóminas.

Mantiene así la acusación particular que el 5 de febrero, a primera hora de la mañana, el acusado se dirigió a la oficina donde ella se encontraba sola trabajando y entró armado con un cuchillo y un pesado trozo de hormigón que había recogido en el camino de acceso a la empresa. Allí comenzó a agredirla "de manera brutal mientras le exigía que le pagara el dinero correspondiente a su nómina".

"Ante la imposibilidad de la víctima de atender su petición, dado que no podía disponer de los recursos económicos de la empresa, la hacía culpable de no pagarle, ensañándose con ella y aumentando deliberadamente y de forma gratuita su sufrimiento, dolor y padecimientos" antes de acabar con su vida. Durante la agresión, que fue grabada casi en su totalidad por la cámara situada en el interior de la oficina, le propinó diversos puñetazos y golpes en el rostro y la cabeza que fue alternando con diversas puñaladas, además de golpearle con distintos objetos.

Además, "para causar la máxima agonía y sufrimiento a la víctima, le roció en la cara y el cuerpo con polvo químico procedente del extintor que estaba a la entrada del local" y al salir, llevándose las llaves y el teléfono de la víctima, bajó las persianas de la oficina para "evitar que pudiera pedir ayuda". El acusado presuntamente se deshizo del cuchillo "arrojándolo a un depósito de productos químicos que había en la empresa".

La víctima fue localizada sobre las 10:30 horas agonizando en el suelo por uno de los trabajadores que en ese momento se incorporaba a su puesto de trabajo y al que, antes de perder la conciencia, manifestó en repetidas ocasiones que había sido el acusado quien le había agredido. Falleció ese mismo día por la tarde en el hospital.

La acusación particular mantiene que agredió a Ana Elena hasta acabar con su vida "causándole un gratuito e innecesario sufrimiento, aprovechando la absoluta indefensión de ésta, que se encontraba sola trabajando en la oficina y no podía esperar esta conducta, por lo que no pudo defenderse". Así, reclaman que el acusado, que se encuentra en prisión provisional por estos hechos, sea condenado a 25 años de prisión como autor de un delito de asesinato con alevosía y enseñamiento; y a otros cinco años de cárcel por un delito de robo con violencia, además de indemnizar a cada uno de los padres de la fallecida en 150.000 euros.