Piden 4 años de cárcel para dos acusados de estafar casi 200.000 euros a una veintena de empresas
El fiscal señala además que si se acredita la situación de estancia irregular en España de Sanae L., la pena privativa de libertad podrá sustituirse por la expulsión del territorio español con prohibición de entrada en el país por un periodo de 7 años
Román Callejón
La Fiscalía de Granada ha solicitado una pena de cuatro años y medio de prisión, y multa de 3.600 euros, para cada uno de los dos acusados de defraudar casi 200.000 euros a casi una veintena de empresas de textil, decoración y calzados durante años, ganándose su confianza aparentando una solvencia de la que carecían.
Se trata de José C.C., español, sin antecedentes penales, y de Sanae L., nacida en Marruecos, a los que se les atribuye inicialmente un delito continuado de estafa, en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil, por los que serán juzgados los días 10 y 11 de julio en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada.
El fiscal señala además que si se acredita la situación de estancia irregular en España de Sanae L., la pena privativa de libertad podrá sustituirse por la expulsión del territorio español con prohibición de entrada en el país por un periodo de 7 años.
Según consta en el escrito de conclusión provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, los acusados, "de común y previo acuerdo", urdieron un plan para ver satisfechos sus anhelos de enriquecimiento patrimonial ilícito, desplegando "una puesta en escena" tendente a ganarse la confianza de una serie de empresas de suministro de productos textiles, de decoración y calzados. Para ello, aparentaban "una solvencia de la que carecían" antes de contactar con estas empresas, que "veían defraudadas sus legítimas expectativas de cobro" de aquello que vendían a los inculpados.
De esta forma, bajo diversos nombres que no se correspondían con los datos reales de filiación de los procesados, con los que además figuraban "mendazmente" en albaranes de entrega, hojas de pedidos y factuas, realizaban pedidos de diversos géneros, bien de forma personas a los comerciales, o bien por vía telefónica o internet a empresas del sector. Para hacer los correspondientes cargos, facilitaban en unas ocasiones números de cuenta y un NIF asociado que no coincidían, imposibilitando con ello el cobro de los suministradores.
En otros casos, aportaban los números de cuenta de los que eran titulares, y todos los albaranes y facturas resultaron devueltos por falta de fondos, consiguiendo con tal maniobra ilícita "pingües beneficios".
Tal ideación criminal, que tuvo lugar los años 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009, tenía como denominador común que las entregas de género eran realizadas en un almacén sito en la Carretera de Bércules, productos que los acusados trasladaban al establecimiento que regentaban, Modas Sanae, en Cádiar, donde además incluso llegaron a citarse con algunas de las marcas defraudadas, que ascienden en casi una veintena.
