Piden cárcel a tres acusados de vender viviendas de las que no eran propietarios
Según la acusación, los tres procesados "con ánimo de ilícito beneficio" vendieron tres viviendas y dos garajes por un total de 174.000 euros sin tener su propiedad
La Fiscalía de Granada ha solicitado penas de entre dos y cinco años de prisión para tres acusados de estafar más de 170.000 euros a los compradores de unas viviendas que les vendieron sin tener su titularidad en Cenes de la Vega (Granada)
Se trata de los procesados Miguel G.H., de 43 años; Mónica G.V., de la misma edad; y Ricardo Q.M., de 41 años, a los que se les atribuyen un delito de falsedad en documento mercantil y tres delitos de estafa, uno de ellos continuado, por los que serán juzgados en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada el próximo 14 de septiembre.
Según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, los tres procesados "con ánimo de ilícito beneficio" vendieron tres viviendas y dos garajes por un total de 174.000 euros sin tener su propiedad.
Para ello, Miguel G.H. fingió ser el dueño de los tres pisos, en el edificio Omega de Cenes de la Vega (Granada), que, según manifestó había adquirido de una promotora. Para conseguir dar "credibilidad a la operación" simuló la firma de uno de los administradores mancomunados de esa promotora, que no tenía ni conocimiento ni su consentimiento.
Así, y "puesto de común acuerdo" con los otros dos inculpados, celebró tres contratos de compraventa, el primero de ellos de una vivienda y un garaje, por la que percibieron 54.000 euros; el segundo por otra vivienda y otro garaje, por los que el comprador entregó 60.000 euros; y el tercero por una vivienda por la que el comprador dio la misma cantidad.
Según el fiscal, la promoción fue tapiada con bloques para evitar ser ocupada ilegalmente u objeto de robos, y las obras no han sido finalizadas ni las viviendas tienen licencia de ocupación.
Al principal inculpado, Miguel G.H., el Ministerio Público le atribuye un delito de falsedad en documento mercantil y otro continuado de estafa, por el que reclama para él cinco años de prisión y multa de 7.200 euros; mientras que para los otros dos pide la misma multa y una pena de dos años de cárcel por un delito de estafa para cada uno de ellos.
