Piden casi cuatro años por supuesto delito contra Hacienda a un promotor investigado en la Nazarí

La Fiscalía Provincial ha mantenido este miércoles su petición de tres años y nueve meses de prisión y de 3,8 millones de euros de multa a uno de los empresarios investigados en la operación Nazarí, en un caso desvinculado de la misma en que se ha juzgado la presunta comisión de un delito contra la Hacienda pública valorado en 1,8 millones de euros, en coordinación supuestamente con su hija, también procesada en esta causa.

En su declaración en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada, que ha juzgado desde este pasado martes este caso de presunto delito contra la Hacienda pública que afecta al promotor inmobiliario J.J.R. y su hija, el acusado principal defendió su gestión y relacionó los supuestos hechos con el "fracaso" de la operación de venta de un solar en el Cerrillo de Maracena por la que dijo que contaba con ingresar unos 16 millones de euros en 2012.

"Mi actitud hacia Hacienda es positiva y es buena" y "mi voluntad" siempre ha sido "pagar", explicó el empresario, en su declaración ante el tribunal este pasado martes, en la que dijo a la magistrada presidenta que quería "defenderse" tras "doce años con esta carga".

Señaló que su hija "no tomaba ninguna decisión financiera" en las gestiones de las empresas que él llevaba, como también mantuvo ella en su declaración ante el tribunal, señalando que tenía "plena confianza" en él como "buen gestor". La defensa de ambos ha pedido la libre absolución en un juicio que ha quedado este miércoles visto para sentencia.

Ambos procesados, que de resultar condenados habrían de indemnizar a Hacienda de manera conjunta y solidaria con 1,3 millones de euros, conforme a la petición del ministerio público en su escrito de conclusiones provisionales, al que tuvo acceso Europa Press, habrían articulado según la Fiscalía un "plan defraudatorio".

Así, según detallaba el ministerio público, habrían realizado una serie de transferencias con fecha de 2 de febrero de 2012 a empresas mercantiles "plenamente controladas" por el acusado principal.

El objetivo, según la Fiscalía, era que una de sus sociedades, con obligaciones tributarias, quedara "en situación de insolvencia real", eludiendo supuestamente "el ingreso del dinero recibido en concepto de IVA" por 1,2 millones de euros tras la transmisión de dos fincas el 30 de enero de 2012, y beneficiando a otras empresas "a él vinculadas".

"Desde al menos el 31 de marzo de 2012, habiéndose desprendido de sus instalaciones desde el 30 de enero" de ese mismo año, la sociedad que tenía la deuda "cesó en su actividad", detalla el ministerio público.

La hija se enfrenta a una petición fiscal de dos años y tres meses de prisión y 3,8 millones de euros de multa como "cooperadora necesaria" en la presunta comisión del ilícito contra la Hacienda pública.