Piden hasta diez años de cárcel para dos empresarios por defraudar prestaciones con falsas contrataciones
Los acusados se enfrentan también al pago de cerca de un millón de euros en multas
Europa Press
La Fiscalía ha pedido la pena de diez años de prisión para dos empresarios acusados de dar de alta en el sistema de la Seguridad Social a más de 70 falsos trabajadores que consiguieron prestaciones por más de 200.000 euros fingiendo haber sido contratados para la recogida de aceituna y almendra en Diezma.
Los acusados se enfrentan también al pago de cerca de un millón de euros en multas y serán juzgados por la Sección Segunda de la Audiencia de Granada a partir del próximo martes 13 de abril junto a las 74 trabajadores ficticios, para quienes la Fiscalía pide hasta tres años de prisión. El juicio se desarrollará en la sala Antonio Angulo del edificio judicial de La Caleta, dada la gran cantidad de personas implicadas en la causa.
Los falsos empleados fueron datos de alta entre 2011 y 2013 y todos ellos "fingieron ser trabajadores de la empresa" para conseguir periodos de cotización y así "obtener prestaciones de desempleo, asistenciales y sanitarias de la Seguridad Social", según consta en el escrito de acusación provisional de la Fiscalía.
Las supuestas laborales agrícolas para las que fueron contratados se localizaron en Diezma a través de un centro de trabajo inexistente y en fincas que sí era reales pero con las que los acusados no tenían ningún tipo de relación para la realización de estas tareas. En todo caso, a través de este sistema los trabajadores lograron cotizar el tiempo suficiente para defraudar un total de 33.599 euros al Instituto Nacional de la Seguridad Social por prestaciones por incapacidad y otros 215.093 euros al Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) por prestaciones por desempleo.
La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de delitos continuados contra la Seguridad Social y de estafa agravada; así como de delitos contra la Seguridad Social y estafa. Para los dos empresarios pide 10 años de prisión, una multa de 994.772 euros y otra de 3.240 euros; así como la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones e incentivos fiscales de la Seguridad Social durante seis años. Para los falsos trabajadores pide penas de entre un año y medio y tres años de prisión.
