Piden dos años de cárcel por no permitir el descanso de sus vecinos por el ruido en su negocio
Manrique Pascual
La Fiscalía de Córdoba pide dos años y tres meses de cárcel para A.M.Q. por no permitir el descanso y el desarrollo de una vida normal de unas vecinas debido a los ruidos que hacía la maquinaria que utilizaba en su negocio.
Según la calificación del ministerio público, a la que tuvo acceso Europa Press, el 3 de abril del año 2000, las mujeres presentaron ante el Ayuntamiento de Castro del Río (Córdoba) una denuncia contra el procesado por el ruido del negocio, que se encontraba en el casco urbano y en el que el procesado trabajaba desde las 23,00 horas hasta las 05,00 ó las 06,00 horas.
El Ayuntamiento procedió a la incoación de un expediente, resolviendo la concesión de la licencia de la instalación del establecimiento al imputado, advirtiéndole que debería aportar el certificado final de instalación suscrito por el técnico redactor del proyecto en el que se justifiquen las medidas correctoras contra ruidos y gases o vapores procedentes de las mismas, así como también en relación con los productos almacenados, puestas por el Servicio Andaluz de Urbanismo en un informe de mayo de 2002.
Estos extremos fueron denunciados por segunda vez el 12 de abril de 2005 ante el Ayuntamiento de Castro del Río y, ante su inactividad, presentaron dos nuevos escritos, el último el día 25 de julio de 2005 ante la Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, solicitándose que se incoara, instruyera o resolviese el expediente sancionador.
La Delegación acordó la práctica de una medición, dando un resultado que sobrepasaba los límites establecidos. De este modo, practicada a una de las denunciantes una prueba polisomnográfica, puesto que la otra ya había fallecido, se le diagnosticó un insomnio de base, informando el forense que mientras exista el nivel de ruido registrado por la prueba pericial técnica, existe un perjuicio para su salud que requiere una dedicación favorecedora del sueño.
Estos hechos son considerados por el fiscal como un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, por lo que pide además una multa de nueve euros diarios durante 12 meses.
