Piden penas de cuatro años de cárcel a once acusados de falsificación para cobrar subsidios

La Fiscalía ha pedido penas de cuatro años de cárcel por la presenta comisión de un delito de falsificación de documento oficial a once personas que habrían tenido como objetivo disfrutar de prestaciones, ayudas y subsidios públicos "pese a no haber desempeñado actividad laboral alguna" y en base a contrataciones previas que realizaba uno de ellos en una empresa "supuestamente dedicada a servicios de pintura y acristalamiento de inmuebles".

Según el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos pueden ser constitutivos igualmente de un supuesto delito contra la Seguridad Social, que habría de ser penado con dos años de prisión. También pide para ellos, si se demostrara que incurrieron en falsedad documental, el pago de multas por valor de 4.050 euros.

Los once acusados, entre ellas cuatro mujeres, tuvieron, según el fiscal, un "ilícito propósito de enriquecerse patrimonialmente defraudando al sistema nacional de prestaciones laborales". Para ello fingieron "la existencia de una relación laboral entre uno y otros, suscribiendo de mutuo acuerdo y en cada caso contrato de trabajo, a sabiendas de que los servicios así especificados nunca serían efectivamente prestados".

Las irregularidades se constataron a principios de mayo de 2014, cuando los avisos de instituciones como la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo, la Agencia Tributaria o el Fogasa activaron las investigaciones de la Policía Nacional.

El empresario coacusado emitía supuestamente "certificaciones de empresa y nóminas completamente ficticias", suscribiendo "más tarde y con tales supuestos trabajadores, la extinción formal de la inexistente relación laboral con los correspondientes finiquitos, tampoco obedientes a la realidad". Lograba, en cualquier caso, "cursar en red el alta y posterior desempleo con la indebida percepción a partir de entonces, de prestaciones en sus diversas formas".

De esta manera, "y hasta la anulación de tales ayudas una vez constatada la superchería", un coacusado percibió prestación contributiva y subsidio por desempleo por 6.669 euros, mientras por los mismos conceptos otros dos cobraron 6.299 y 5.753 euros. La mayoría cobró el paro.

En las sedes sociales de la empresa en Corral de Calatrava (Ciudad Real) y Almuñécar (Granada), fue imposible localizar al supuesto empleador que había creado la "ficticia" empresa. Entre los años 2010 y 2012 "careció de actividad real alguna frente a terceros trabajadores y generando con ello una deuda insatisfecha aún, y frente a la Tesorería General de la Seguridad Social", de 52.349 euros, cerrada a 27 de enero de 2014 por "concepto de impago de los seguros sociales". Teniendo en cuenta los "derechos pasivos" en favor de tales trabajadores, "el quebranto ocasionado alcanzaría los 99.012 euros".

Está previsto que estos hechos sean juzgados los próximos 17 y 18 de enero de 2018 en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada.