Piden penas de hasta ocho años de prisión para los acusados de descapitalizar una empresa

La Fiscalía ha pedido penas de siete y ocho años de prisión para seis personas acusadas de la "descapitalización absoluta" de una empresa de la que fueron socios, administradores y consejeros, lo que les permitió tomar decisiones como aumentarse paulatinamente el suelo a la vez que despedían a trabajadores.

Según el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, en diciembre de 2009 la sociedad --Especialidades Plásticas del Sur-- fue vendida a uno de los procesados, en una operación que "no trascendió a los registros oportunos". De hecho, los administradores originales "seguían al frente de los órganos de administración y dirección".

En ese periodo y "de forma consciente y voluntaria" se desarrollaron actividades que originaron "la descapitalización absoluta" de la mercantil, lo que impidió que pudiera iniciar acciones para pagar a sus acreedores.

Se trataba, según el fiscal, de "mantener un volumen de gasto en el desempeño de sus actividades igual o superior al que tenía la sociedad cuando su actividad económica era plena" en el año 2007.

Desde el año 2008 y hasta la declaración del concurso de acreedores por el Juzgado de lo Mercantil 1 de Granada, en 2010, "la actividad económica de la misma fue progresivamente reduciéndose hasta ser casi inexistente", sin que esta situación fuera acompañada de una reducción del gasto.

Así, "los acusados iban paulatinamente incrementando su sueldo, a la vez que despedían a más trabajadores agravando por tanto la situación". Junto a ello, a pesar de que la compra de materia prima era semejante a años fructíferos, el volumen de facturación se vio reducido por realizar la venta de sus productos a empresas vinculadas al grupo, en las que los acusados tenían acciones o intereses comerciales, "y a un precio inferior" al del mercado.

Se reducía de este modo "el capital de la empresa que podría destinarse al pago de sus acreedores" y "su capacidad para obtener beneficios".

Hasta la declaración del concurso de acreedores, los acusados propiciaron que varias mercantiles adquirieran con esta empresa varios créditos por un valor global de más de nueve millones de euros.

Se realizaban supuestamente operaciones de compra de materias primas con estas mercantiles posponiendo el pago a través de la emisión de pagarés que "no eran satisfechos sino renegociados" por la acusada a la que fue vendida la empresa. Los negociaba con las personas que terminaron presentando querella por los impagos.

La principal acusada, para la que el fiscal pide un total de ocho años de cárcel, "tenía conocimiento de la existencia de estos pagarés" y en el momento de la adquisición de la empresa "se comprometió a realizar el pago en el plazo de seis meses, cosa que no solo no hizo", sino que agravó la situación manteniendo la actividad empresarial hasta que fue necesaria la declaración de concurso.

Esta misma mujer realizó, según el fiscal, "un acto de distracción de maquinaria que pertenecía al patrimonio de la citada empresa" el cual se valoró contablemente con un precio superior a las 600.000 euros, incluido un coche, mientras que su valor total fue concretado por la administración concursal en un valor próximo a los dos millones de euros. La acusada llevó parte de la maquinaria a una empresa suya en un polígono industrial de Murcia y por ello responderá de un supuesto delito de apropiación indebida por el que se le pide un año más de cárcel que al resto de procesados.

A los otros cinco acusados se les imputa un delito concursal y otro de estafa por los que se enfrentan a siete años de cárcel, a lo que se suman multas de 12.000 euros. El juicio está previsto para el próximo 16 de octubre en la Sección Primera de la Audiencia de Granada.