Piden prisión para 32 acusados de organizar un plan con nóminas falsas para conseguir préstamos
Simulaban supuestamente contratos de trabajo, recibos de nóminas y certificados oficiales con "datos no ajustados a la realidad"
La Fiscalía de Granada ha pedido penas de hasta seis años de prisión a 32 acusados de participar en un "plan criminal" con el "ilícito ánimo de no desembolsar nada a cambio de los préstamos obtenidos" simulando supuestamente contratos de trabajo, recibos de nóminas y certificados oficiales con "datos no ajustados a la realidad".
Así consta en el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, que detalla que los dos acusados principales, que se enfrentan a seis años de prisión cada uno, buscaron "a personas de escasos recursos económicos para entregarles documentación de naturaleza económica y mercantil" que "conseguían aparentar ante las entidades" crediticias y grandes superficies granadinas "una correcta solvencia económica que, en realidad, no tenían".
Los supuestos delitos de los que se les acusa son los de falsedad documental y de estafa, con un valor de la defraudación superior a 50.000 euros en el caso de los dos principales acusados que habrán de hacer frente a multas por valor de 3.600 euros.
El resto de acusados se enfrentan a peticiones de cárcel de entre tres años, en el caso de un acusado en el que concurre la agravante de reincidencia, y un año, siendo la mayoría de peticiones de dos años con petición de multas por valor de 2.700 euros.
Para la solicitud de créditos al consumo mediante tarjetas o préstamos presentaban, según el relato de los hechos del fiscal, contratos de trabajo en los que la "manipulación quedaba patente en que el solicitante" o bien "no había trabajado nunca en la empresa o, si bien sí había trabajado, lo había hecho en un espacio de tiempo inferior al reflejado".
En lo referente a las nóminas, "para aparentar su procedencia legítima tenían un sello de la empresa en cuestión, pero la realidad era la de que los sellos o bien no eran los auténticos o se trataba de sellos creados ad hoc" por los principales acusados.
Ellos habrían elaborado gran parte de la documentación en soportes informáticos para después guardarla en los discos duros de los ordenadores que para tal fin poseían en sus domicilios particulares en Armilla y Cájar y en tres empresas de Granada capital.
Los hechos ocurrieron entre enero de 2009 y septiembre de 2013 incautándose en una operación tres meses después gran cantidad del material relacionado con este "plan criminal" en una operación decretada por el Juzgado de Instrucción 7 de Granada junto con tres nóminas, documentos bancarios, facturas, un contrato de suministro eléctrico, documentos de identificación y talones bancarios.
Está previsto que la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada juzgue estos hechos el próximo día 3 de febrero.
