Piden siete años a un matrimonio acusado de despatrimonializar una sociedad de gananciales

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada tiene previsto celebrar el 12 de diciembre el juicio señalado en su día para noviembre de 2022 en el que la Fiscalía ha pedido penas de siete años de prisión y multas de 7.200 euros para un matrimonio acusado de despatrimonializar una sociedad de gananciales en connivencia con un hombre, ya fallecido, y en detrimento de la que era su esposa, con "ficticias y simuladas transmisiones" de cuatro fincas tasadas en un total de 815.000 euros.

Según consta en su escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía considera estos hechos como un delito continuado de estafa o de apropiación indebida. La supuesta víctima contrajo matrimonio con su marido en 1989, rigiendo entre ellos la mencionada sociedad de gananciales, y en 2002 otorgó a su esposo un poder notarial "para otorgarle, entre otras, la facultad de disponer y enajenar bienes inmuebles".

A comienzos de 2012, la relación matrimonial entre ambos habría comenzado a deteriorarse y ella le habría propuesto divorciarse de mutuo acuerdo, "no aceptándolo él", quien le habría propuesto, "con el pretexto de hacerlo por el bien de la familia y los seis hijos en común", reconciliarse, aceptándolo "ingenuamente" su mujer.

En paralelo, "con la finalidad de ver satisfechas sus ilícitas pretensiones y en ejecución del plan que había urdido y consistente en extraer --valiéndose vilmente y en detrimento de su esposa del poder antes indicado-- del patrimonio común" procedió supuestamente a simular la venta de "distintos bienes inmuebles a fin de que" ella "no pudiese adquirir la exclusiva propiedad del 50%" de las mismos, que "legalmente le correspondían en la liquidación de la sociedad de gananciales que se efectuase en el futuro".

Tanto el acusado, de 63 años, como su esposa, de 60, también procesada, habrían participado del plan, "actuando todos ellos movidos por el evidente y palmario propósito de enriquecerse económicamente y de forma injusta y en detrimento" de la supuesta perjudicada, y adquirieron supuestamente "por compraventas todos los bienes que formaban la sociedad de gananciales" y "despatrimonializando" la misma.

Las transmisiones habrían afectado en principio a una nave industrial en el polígono Juncaril de Peligros, en el área metropolitana de Granada, tasada en 185.000 euros, y una casa unifamiliar en Huétor Vega y un local comercial, valorados en 190.000 euros cada uno.

Tras decretarse judicialmente el divorcio de la supuesta víctima en 2013, los bienes habrían retornado a su esposo en 2014, "conforme al plan pactado", otorgándole los acusados "escritura notarial de compraventa" y transmitiéndole a este, fallecido un año después, "la titularidad de las tres fincas".

En términos similares habrían procedido en relación con una cuarta finca urbana, una nave industrial ubicada en Peligros, tasada en 250.000 euros, propiedad originariamente de una empresa que la había "arrendado con opción de compra", y que acabó igualmente en manos del marido de la supuesta víctima.