Piden siete años de prisión para el administrador de una empresa de ropa por quedarse con 128.000 euros
El fiscal le acusa de un delito continuado de apropiación indebida, de otro societario y de administración desleal
La Fiscalía de Granada ha solicitado una pena de siete años y tres meses de prisión para el administrador de una sociedad dedicada a la confección y venta de prendas de ropa que está acusado de apropiarse de más de 128.000 euros de la entidad estafando al resto de socios.
En sus escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal le acusa de un delito continuado de apropiación indebida, de un delito societario y de otro de administración desleal por el que se sentará en el banquillo de los acusados del 15 al 16 de noviembre en la Sección Segunda de la Audiencia de Granada.
Los hechos, que han sido investigados por el Juzgado de Instrucción 3 de Granada, se remontan a marzo de 2019, cuando se constituyó esta empresa de confección de prendas de vestir y calzado para su venta menor y al por mayor, tanto en establecimientos especializados como a través de páginas web.
Los dos socios que constituyeron la empresa contactaron con el acusado como "profundo conocedor del negocio textil", le nombraron administrador único y quedó inscrito en las escrituras también como socio ostentando una pequeña parte de las acciones. A tenor de su puesto, viajaba por todo el territorio nacional efectuando compras y ventas de productos a cuenta de la empresa.
En este contexto fue solicitando diversas cantidades de dinero a los socios mayoritarios, que le entregaron hasta un total de 128.033 euros para la adquisición de prendas de vestir y para financiar supuestamente los proyectos de la empresa.
No obstante, se apropió del dinero sin destinarlo al fin para el que le fue entregado y tampoco cumplió con el pacto que se hizo entre los socios de ir entregando a una determinada gestoría todas las facturas y demás documentación que se fuera generando a consecuencia de la actividad de la empresa.
De hecho, llegó a contratar a un trabajador sin darlo de alta a la Seguridad Social y se negó a facilitar a los otros socios cualquier tipo de documentación relativa al destino que le había dado al dinero. Llegó incluso a vender por su cuenta 657 prendas de ropa a dos empresas de otras provincias y cobró el dinero en una cuenta de su mujer hasta que en julio de 2019 abandonó la empresa sin que hasta el momento haya devuelto el dinero o justificado su destino.