Piden un año de cárcel por matar de un disparo a un perro en Monachil

El 14 de febrero de 2017, R.M.R. denuncia la pérdida de su perro de raza Border Collie en la localidad de Monachil. Tras llevar a cabo una investigación, se encuentran indicios suficientes como para considerar que el animal murió de un disparo de escopeta, realizado por el investigado A.F.G., propietario del arma.

Ahora, el próximo 1 de octubre, tendrá lugar el juicio oral relativo a este caso. En el Juzgado de lo Penal Nº 2 de Granada se celebrará una vista en la que, además de la acusación particular, también intervendrá el Ministerio Fiscal. A R.M.R. se le acusa de un delito de maltrato animal previsto en el artículo 337 del Código Penal, por lo que se le solicitan unas penas de un año de prisión por parte del Ministerio Fiscal y un año y seis meses por parte de la acusación particular.

La acusación justifica esta petición en base a que el denunciante “no solo perdió a un perro, perdió a su fiel compañero”, según ha explicado la letrada a GranadaDigital, que mantiene que “es necesaria una constante lucha contra este tipo de delitos y pugna por un endurecimiento de las penas y por una mayor concienciación desde los poderes públicos de que el maltrato animal es una grave lacra social”.

La legislación sobre animales, en evolución

El marco legal español continúa evolucionando, especialmente en el trato que le da a los animales. Con el código penal de 1995, el maltrato animal era considerado una falta prevista en el artículo 632 de dicho texto legal, demorándose hasta 2003 el momento en el que se introdujo el maltrato animal como delito en España.

En 2015 se realizó una ampliación de la protección animal y, ya en 2017, se ha considerado a los animales como seres vivientes. Sin embargo, en cuanto a la posibilidad de pedir indemnizaciones por daños y perjuicios, la muerte de un animal dista mucho de la de un ser humano. En estos casos, los tribunales moderan la indemnización que se concede centrándose en indemnizar por el valor del can tasado por un perito. Por su parte, las acusaciones particulares siempre intentan pedir el máximo quantum indemnizatorio “para que poco a poco se vaya considerando que la pérdida de un animal de compañía produce un dolor irreparable y que en consecuencia debe ser objeto de indemnización al igual que cuando se produce la muerte de una persona”, ha expresado la letrada.

Ante esta diferencia a la hora de realizar la tasación, se producen ciertas discrepancias en general y en este caso en particular. Desde el Ministerio Fiscal se pide una indemnización al denunciante por un importe de 270 euros, mientras que la acusación particular solicita 600 euros por el valor del perro y 3500 euros por daños morales.