La plantilla de la Alhambra denuncia el retroceso de sus condiciones laborales

El Comité de Empresa del Patronato de la Alhambra y el Generalife, representado por los cinco Sindicatos que lo componen (CSIF, CCOO, UGT, USTEA y CGT) ha celebrado este 15 de junio una nueva concentración en la entrada del Generalife, en defensa de la recuperación de los derechos de los empleados del conjunto monumental, derechos que han sido mermados como consecuencia de la gran falta de personal que existe en la actualidad en el monumento y que se agrava aún más con la externalización de los servicios en favor de las contrataciones privadas.

A pesar de que la Directora del Patronato haya expuesto “que se podía gestionar la Alhambra de otra manera”, en realidad ese argumentado ha significado un retroceso en las condiciones laborales de los trabajadores, dando lugar al descontento de todo el colectivo. Por lo tanto el Comité de Empresa, por unanimidad, ha manifestado que un cambio en la gestión no va emparejado con la mejora de esa gestión.

El déficit estructural que padecen en la actualidad es debido a que no se cubren la totalidad de las plazas vacantes que existen en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), como viene denunciado reiteradamente la UGT. Denuncia que se extiende al entender que esa RPT es insuficiente para cubrir las necesidades de personal que requiere la Alhambra. El compromiso, por parte de la administración, a una ampliación de la RPT fue uno de los factores para la suspensión de las movilizaciones anteriores, sin que hasta ahora se haya formalizado ese aumento de plantilla.

Esa falta de personal generalizada en todos los departamentos (jardinería, albañilería, restauración, limpieza, vigilancia…) tiene como consecuencia una excesiva carga de trabajo, tanto físico como mental, que puede conllevar a accidentes laborales, bajas por dolencias musculares o por estrés y ansiedad. Al mismo tiempo, la reiterada denegación de permisos en el Departamento de Visita Pública, abusando del concepto de “necesidades del servicio”, deja sin efecto la conciliación laboral y familiar a la que cualquier trabajador y trabajadora tiene derecho.

Al no haberse articulado una resolución suficiente para la eliminación de las colas de turistas en los diferentes accesos, unido a un sistema informático de entrada totalmente ineficaz para soportar el número de visitantes que cada día acuden al recinto, pone en riesgo la salud de los trabajadores. La mediocre gestión de los responsables de visita pública llega incluso a controlar el tiempo que su personal tarda en desplazarse al servicio y las veces que lo hace a lo largo de la jornada.

El comité de empresas hace hincapié una vez más, en la falta de reconocimiento hacia el personal de oficio que ha trabajado durante el confinamiento en el periodo de pandemia, y que la Junta de Andalucía si ha ofrecido en otros centros, basándose en algo tan absurdo como que no existe un epígrafe que lo haga justificable y olvidándose del estado de excepcionalidad que lo genera.

No nos podemos olvidar de que el Patronato de la Alhambra es el único organismo que dispone de un número elevado de contratos de carácter 'discontinuo' y que son el personal con más precariedad de toda la Junta de Andalucía, tanto por el tiempo de trabajo como por las condiciones del mismo. La conversión de esas plazas en vacantes continuas resolvería muchos de los problemas de la actual situación y daría la oportunidad a ese personal de salir de la precarización y temporalidad a las que están siendo sometidos.

La falta de recursos humanos para atender, la vigilancia y el mantenimiento del recinto, unido a la desmotivación del personal provocada por la actual situación, inciden negativamente en la preservación y conservación del Monumento, así como en ofrecer al visitante una servicio de calidad.

El Comité de Empresa alerta que el servicio público del Patronato no puede desarrollarse adecuadamente si no se sostienen los puestos de trabajo y, por tanto, denuncia que la dirección de la Alhambra haya optado por una tendencia a la destrucción del empleo público y un deterioro de las condiciones de trabajo, si con ello se posibilita el aumento a la externalización y a una consecuente privatización.