La Plataforma 8M/25N convoca un acto de protesta el 28 de mayo
Se ha convocado en el marco del Día Internacional de la Salud de las Mujeres con relación al ejercicio del aborto
Gabinete
La plataforma 25N y 8M convocan este 28 de mayo, en el marco del Día Internacional de Acción para la Salud de las Mujeres una manifestación en relación al ejercicio del derecho al aborto.
Desde la asociación pretenden realizar un análisis en profundidad de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. "Es momento de hacer balance de su aplicación, conocer sus efectos y las dificultades con las que aún se encuentra el ejercicio del derecho a decidir de las mujeres en el ámbito de la salud sexual y reproductiva".
La plataforma apunta que "no se han cumplido las alarmas pronosticadas por los sectores anti elección. En efecto, la Ley no ha incrementado el número de interrupciones voluntarias del embarazo (IVE), por el contrario, las cifras totales han bajado o se han mantenido". En este sentido continúan asegurando que "se ha pasado de un 11,71‰ mujeres en edad reproductiva en 2010 a un 11,53‰ en 2019". Esta tasa, añaden, "ha disminuido claramente entre las menores de 19 años, pasando de un 12,71‰ en 2010 a un 9,19‰ en 2019". No obstante, lamentan, !no estamos logrando reducir las cifras de abortos de forma significativa debido a la escasez de recursos empleados y a las resistencias para implementar la educación sexual y de prevención de embarazos no planificados (ENP) y de infecciones de transmisión sexual (ITS), obligación que compete a las instituciones, en aplicación del artículo 5 de la Ley".
En este periodo, no ha habido mujeres procesadas por aborto, aunque, la plataforma 25N y 8M denuncia la continuación "del acoso contra las que acuden a abortar y el personal sanitario que las atiende, las denuncias contra las clínicas acreditadas y los daños a sus instalaciones por parte de asociaciones anti elección, autodenominados 'provida'". "Es urgente tomar medidas para evitar esta situación, impidiendo que estas acciones puedan realizarse a menos de 500 metros de las clínicas", han apostillado.
"Seguimos sin dar los pasos necesarios para que la IVE pueda ser realizada en la sanidad pública con garantías de calidad, de elección de método, confidencialidad y sin injerencias ni esperas excesivas", aseguran. "Para ello es necesario, en primer lugar, cumplir todos los aspectos recogidos en la Ley, como la inclusión de la atención y técnicas de IVE más avanzadas en las carreras universitarias de Ciencias de la Salud, respetando escrupulosamente el derecho de las mujeres a elegir método (farmacológico o instrumental). En segundo lugar, remover las dificultades actuales que explican las reticencias y objeciones morales y, sobre todo, profesionales de los ginecólogos a esta práctica, el escaso respaldo que reciben o el impacto en su carrera profesional por su estigmatización. En tercer lugar, habilitar los recursos necesarios: personal suficiente para evitar listas de espera, espacios e instalaciones con garantía de intimidad, sistemas de registro digital que garanticen la confidencialidad, formación teórica y práctica del personal sanitario encargado de esta prestación, promoviendo un exquisito respeto al derecho de las mujeres a decidir sin injerencias.
Así, desde 25N y 8M denuncian "la continua labor de boicot contra la educación sexual, afectivo-sexual y en salud sexual y reproductiva, actualmente a través de la implantación del PIN parental, que pretende dejar exclusivamente en manos de madres y padres, una competencia que también es obligación de los poderes públicos". Del mismo modo manifiestan su rechazo y condena hacia la convocatoria de subvenciones públicas para proyectos dirigidos a mujeres embarazadas y madres sin recursos "diseñada ad hoc para beneficiar a los grupos anti elección, lo que se puede apreciar en su requisito número 3 sobre 'carecer de fines de lucro y tener recogido de forma expresa en sus Estatutos, en el objeto social, alguno o varios de los siguientes fines: la protección y defensa de la vida, el respeto a la vida del ser humano, el apoyo, asistencia o asesoramiento a la mujer embarazada y a la maternidad'".
Finalmente señalan que "la resolución con las entidades beneficiarias, confirma la crítica que hicimos en su día: la concesión de cuantiosas ayudas públicas por parte de la Junta de Andalucía a grupos anti elección en la órbita de la extrema derecha, como es el caso de la Red Madre, vinculada a Hazte Oír y CitizenGo, integrantes de un lobby internacional contrario a la “ideología de género”, al derecho al aborto y a los derechos de las personas LGBTI, con conexiones con la extrema derecha americana o los gobiernos de Hungría, Polonia o Rusia. Presiones que se está extendiendo a otros países, como alerta el Informe de abril de 2018 'Restaurar el orden natural del Foro Parlamentario Europeo sobre Población y Desarrollo'". Así, denuncian que las subvenciones recibidas son destinadas "en su mayor parte a gastos de personal. Las mujeres que desean tener descendencia y no pueden, no necesitan injerencias, ni “moralina”. Los apoyos puntuales no resuelven nada. Estas mujeres necesitan empleo estable y vivienda", concluyen.
