Podemos denuncia la situación de exclusión financiera que deja en la Alpujarra el cierre de cinco oficinas de BMN

Podemos denuncia que con el cierre de otras cinco oficinas de BMN en la Alpujarra granadina deja, dicha entidad, a 20 de los 25 municipios que componen la comarca en grave riesgo de exclusión financiera, sin la posibilidad de una oficia que les facilite a la ciudadanía el acceso a las ventajas de información y gestión económica con garantía de proximidad, algo grave para garantizar la atención a PYMES y a las familias.

La economía de la Alpujarra se basa casi exclusivamente en el cultivo forzado y la exportación de hortalizas. Actualmente el comercio y los servicios se abastecen de mercancías de procedencia externa, de manera que la innovación global tecnológica y comercial es tan necesaria como inaplazable. Ana Terrón, consejera granadina de Podemos y portavoz de la formación, insiste en que “Ante esta coyuntura, quienes se comprometieron con el empleo, el desarrollo y la cercanía territorial, dejan sin recursos a toda una comarca que necesita más que nunca el empujón al emprendimiento, siendo numerosa las iniciativas que están surgiendo en la comarca bajo criterios de sostenibilidad y rentabilidad social y que podrían beneficiarse”.
A esto hay que sumarle los costes laborales, engrosando la lista que lleva BMN desde su desastrosa creación, que supone el cierre de cinco nuevas oficinas. “¿A cuántas familias granadinas más seguirá afectando la mala decisión y gestión que ha llevado a Caja Granada de ser una caja rentable y comprometida a un banco ruinoso que despide y deja a la mayor parte de los municipios de una comarca en riesgo de exclusión financiera?” sentencia Terrón.

Además, Ana Terrón recuerda que en el año 2009, abrió el Centro Cultural Caja GRANADA Memoria de Andalucía. Un Centro Cultural que se manifestaba con el compromiso con la sociedad granadina, con sus gentes, con su cultura y con sus tradiciones y pregunta que “ ¿Dónde queda el compromiso fundacional del centro asociado a Caja Granada, ahora BMN, en relación a los últimos acontecimientos de desmantelamiento con una comarca de tradición histórica y cultural simbólicas en nuestra provincia?”..

Todo esto, vuelve a suceder sin explicaciones de quienes han sido y son sus gestores, asociados al PSOE y al Partido Popular. Es posible que el silencio tenga que ver con las deudas por préstamo que arrastran los partidos tradicionales con las principales cajas de ahorros de Andalucía, de más de 16 millones de euros, lo que supone un 14,2% más que antes de 2008. A fecha de 2010, la deuda de los partidos con Caja Granada era de 1,16 millones de euros. De estos, el PSOE mantenía un préstamo de 226.000 euros con el PSOE y de 950.000 euros con IUCA. Por lo general todos los préstamos están realizados sobre garantías hipotecarias y a muy largo plazo. El PP no escapa tampoco a los favores de la entidad, Caja Granada perdonó en el año 2000 al PP 180.000 euros de un crédito que le había concedido en 1988, que no solo afectó a los intereses del préstamo, sino también a casi todo el principal. El PP recibió un crédito de ocho millones de pesetas que nunca devolvió en los plazos que le fueron señalados. En 2000, la deuda superaba los 186.000 euros con la acumulación de intereses y capital. Para cancelar el préstamo, Caja Granada aceptó que el PP le pagara tan solo 6.000 euros, aceptando la propia Caja la pérdida de los 180.000 euros restantes.

La consejera Ana Terrón considera que “es imposible esperar que quienes dependen de préstamos y favores de entidades bancarias, denuncien su mala gestión, y el perjuicio que esto supone para la ciudadanía. No se puede defender los intereses de la ciudadanía cuando tu financiación depende de otros, es la mano que les da de comer y no pueden morderla”.
Podemos defiende que no pueda existir ningún tipo de dependencia entre entidades bancarias y partidos políticos ya que esto es incompatible con la soberanía, con la defensa de la ciudadanía y con la democracia. Los partidos deben dotarse, tal y como lleva haciendo Podemos, de un código ético que impida contraer deudas con los bancos, así como las puertas giratorias, porque la política se debe a la gente, no a intereses privados ni personales.