Podemos-IU vaticina un "cambio de foto" en el Ayuntamiento de Granada

Antonio Cambril, portavoz del grupo municipal de Podemos-IU en el Ayuntamiento de Granada, considera que la dimisión de Sebastián Pérez como presidente provincial del PP, “estaba al caer” y la ha contextualizado en la “guerra interna” que mantiene el todavía primer teniente de alcalde y la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Marifran Carazo, mujer fuerte dentro la dirección andaluza del PP a la que está enfrentado el político dimitido.

“Ya dije que la foto final del Gobierno municipal no se iba a parecer a la foto inicial y cada vez estoy más convencido de que está más cerca el cambio de foto porque Sebastián Pérez queda como un verso suelto”, ha expresado el líder de Unidas Podemos en el Ayuntamiento granadino.

A juicio de Cambril, Sebastián Pérez queda “absolutamente liberado” y “podría intercambiar promesas” con Francisco Cuenca, portavoz del PSOE, o vengarse de su partido” y supone un “factor de alto riesgo que podría provocar un cambio de gobierno” en el Ayuntamiento de Granada. “Le quedan tres años de vida política y puede hacer lo que le dé la gana”, ha apostillado el portavoz municipal de Unidas Podemos.

Para que un hipotético cambio de gobierno se produjera, tendría que ser obligatoriamente a través de una moción de censura y sería fundamental el “consentimiento” de los concejales de Unidas Podemos que con sus votos podrían inclinar la balanza a favor de una nueva mayoría en el Ayuntamiento.

Sobre esta posibilidad, Cambril se ha mostrado cauteloso y manifestado que “tendríamos que estudiar cómo se hace y en qué condiciones” y ha precisado que “nunca aceptaríamos prerrogativas favorables a Sebastián Pérez como que presida la comisión de contrataciones, porque ahí está en juego mucho dinero de la ciudad”.

Unidas Podemos, en caso de que se abra la posibilidad de una moción de censura, estudiaría también en profundidad la “situación procesal” de Francisco Cuenca, quien se encuentra inmerso en una causa judicial en la que el Sindicato Andaluz de Funcionarios pide para él dos años de cárcel y diez de inhabilitación para empleo o cargo público por presuntos delitos de usurpación de funciones públicas y prevaricación, durante su etapa como delegado de Economía e Innovación de la Junta de Andalucía, por la externalización del control de cursos de formación.