El jefe de la Policía Local niega acoso laboral a una inspectora a la que cambió de puesto

La Audiencia de Granada ha acogido este miércoles el juicio contra el jefe de la Policía Local de Granada, José Antonio Moreno, por un posible delito de acoso laboral del que ha sido denunciado por una exinspectora a la que cambió de puesto y que le acusa de "usar su superioridad jerárquica" para "adoptar decisiones injustificadas" con el ánimo de "humillarla".

Durante la primera sesión del juicio, que se ha celebrado en la Sección Primera de la Audiencia, el superintendente ha negado haber tenido un trato vejatorio o "humillante" hacia esta compañera y ha defendido que el cambio de su puesto lo hizo "de acuerdo al reglamento" y en el marco de la modificación de estructura que llevó a cabo en el cuerpo cuando accedió al cargo para darle más "eficacia".

La Fiscalía ha presentado un escrito de conclusiones absolutorias en este caso por entender que "no está acreditada la existencia de una animadversión" del jefe de la Policía contra la denunciante que pudiera ser constitutiva de delito.

La exinspectora, que ejerce la acusación particular, le acusa un delito de acoso laboral y otro de lesiones psíquicas por supuestamente usar su superioridad jerárquica para emprender una serie de acciones reiteradas en el tiempo "de carácter vejatorio y de hostigamiento contra ella que le han ocasionado un trastorno adaptativo, con sintomatología ansioso-depresiva", por el que requirió tratamiento médico, farmacológico y seguimiento psiquiátrico.

Así, en su escrito de acusación provisional, consultado por Europa Press, pide que sea condenado a un total de 33 meses de prisión y al pago de una indemnización de 25.700 euros.

Durante su declaración, José Antonio Moreno ha achacado esta denuncia a una "venganza" y ha negado enfrentamientos previos con esta inspectora que durante quince años dirigió la unidad de policía judicial situada en La Caleta.

Ha explicado que un tiempo después de su nombramiento como jefe de la Policía Local en julio de 2016 le trasladó su pretensión de trasladarla a las Patrullas de Barrio por entender que podría hacer una "aportación" necesaria en esta unidad y tras perder su categoría profesional al determinar una sentencia que hubo "un fraude" en sus oposiciones.

Ha defendido que otorgó a la entonces inspectora "un trato de adaptación" al nuevo puesto, en el que contó con un sitio de trabajo, un ordenador compartido con otros compañeros en los distintos turnos, además de disponer de claves de acceso y taquillas propias, extremos todos ellos que niega la denunciante.

Ella le acusa de asignarle un turno más perjudicial y de no proveerle nunca de las condiciones necesarias para poder realizar sus funciones, obligándole a ejercer su trabajo en unas condiciones "degradantes" y sometiéndola a una situación de "humillación".

"Había luchado 36 años por mi carrera profesional y la veía hundida (...) me sentía una carga para mi intendente porque no podía hacer mis funciones y humillada ante los demás", ha relatado la exinspectora, que durante su declaración como testigo ha narrado que esta situación le provocó diferentes trastornos y crisis de ansiedad. También pide que Moreno sea inhabilitado para empleo o cargo público durante el tiempo de la condena o, subsidiariamente, la suspensión de empleo o cargo público.

A la primera sesión del juicio ha asistido como público, además de varios compañeros del cuerpo, la concejal de Protección Ciudadana en funciones, Raquel Ruz. La vista oral continuará este jueves con diferentes testigos y periciales.