El PP pide plenos extraordinarios en la Diputación y ayuntamientos contra el decreto Ley sobre los remanentes

El PP de Granada ha expuesto este domingo en un comunicado que promoverá plenos extraordinarios en la Diputación y los ayuntamientos, en demanda de que el Gobierno central del PSOE y Unidas podemos no convalide el decreto Ley derivado de su acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para movilizar los remanentes acumulados por las entidades locales merced a la Ley 2012 de Estabilidad Presupuestaria, un acuerdo de adhesión voluntaria por parte de los municipios que, según el PP, implica "robar" sus ahorros.

El acuerdo, de adhesión voluntaria por parte de ayuntamientos y diputaciones, propone que tales entidades cedan sus remanentes de tesorería a la Administración General del Estado a modo de préstamo, tras lo cual se les realizará "un ingreso no financiero por un importe que se determinará con arreglo a un criterio proporcional en función de los recursos comprometidos por cada entidad", según el documento recogido por Europa Press.

"Este importe supondrá para cada entidad local, como mínimo, el 35% de los fondos aportados al préstamo y se incrementará hasta totalizar un importe de 5.000 millones de euros entre todas las entidades participantes, siempre que los compromisos hayan alcanzado dicha cantidad", especifica el texto, que precisa que este ingreso no financiero será transferido entre 2020 y 2022 a las entidades locales participantes y, de otro lado, en diez años a contar desde 2022 les será devuelta la cuantía completa cedida como préstamo a la Administración General del Estado, que se compromete a otros aspectos como dedicar 275 millones a compensar el déficit de los transportes colectivos municipales o no exigir el cumplimiento de la regla de gasto en 2020.

Frente a este acuerdo, en el que los socialistas esgrimen la necesidad de "desbloquear" los remanentes acumulados por las restricciones de la Ley de 2012 de Estabilidad Presupuestaria, la portavoz del PP de Granada, Inmaculada Hernández, avisa de un "ataque injustificado y brutal" a la autonomía municipal, considerando que el PSOE ha "dinamitado el tradicional consenso que hay en la FEMP, hasta el punto de que tuvo que recurrir al voto de calidad del presidente, porque sus propios socios de gobierno de Podemos no estaban dispuestos a votar a favor".

Mientras el PSOE alega que los citados remanentes de los ayuntamientos están "bloqueados" en los bancos por la Ley de Estabilidad Presupuestaria promovida en 2012 por el entonces Gobierno central del PP, Inmaculada Hernández atribuye al Gobierno central un "chantaje" por no permitir que los consistorios que no participen de este acuerdo usen sus remanentes.

Además, ha criticado que sea Pedro Sánchez el que diga a los alcaldes "en qué pueden o no gastar los pocos ahorros que les quedan tras consumar el gobierno socialista el atraco en los ayuntamientos" mediante este acuerdo de adhesión voluntaria. "Nos obliga a gastarlo en el programa electoral del PSOE y sus socios de gobierno: eficiencia energética, coches eléctricos o carriles bici. Eso está muy bien, pero no se nos puede imponer a los ayuntamientos", ha apostillado.

En este punto, ha puesto como ejemplo un pueblo de la comarca de La Alpujarra, donde las necesidades de los vecinos "no pasan por tener un carril bici, en primer lugar, porque las características de los propios pueblos no lo permiten".

Y en el caso de los municipios que no tienen remanente positivo, el PP exige al Gobierno de la Diputación de Granada "que se ocupe de ellos y los atienda", prestándoles asistencia técnica y económica que por ley le corresponde a la Institución Provincial. "Que no paguen los buenos gestores por los malos, y finalmente sea el socialismo de Pedro Sánchez y José Entrena el que haga caja a costa de los vecinos de la provincia de Granada", ha concluido Inmaculada Hernández.