Presidente de CajaGranada declara este miércoles imputado por la subida de sueldo de un directivo

El Juzgado de Instrucción número 5 de Granada ha llamado a declarar para este miércoles, en calidad de imputado, al actual presidente de CajaGranada, Antonio Jara, por la subida del sueldo del que fuera director general de la entidad, Ramón Martín López, tras la denuncia interpuesta por este asunto por UPyD contra 15 miembros del consejo de administración.

En un auto, de fecha 25 de abril y al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado Josep Sola señala para las 11,15 horas la declaración de Jara, y para el jueves, a las 10,00 horas, la comparecencia, también como imputado, de Martín López.

Las diligencias se incoaron a raíz de la denuncia que presentó el pasado mes de octubre el portavoz de UPyD en Andalucía, Martín de la Herrán, contra los consejeros, propuestos por PSOE, PP e IU, por la celebración de un Consejo de Administración que aprobó en febrero de 2011 una subida salarial de un 25 por ciento para el entonces director general de la caja de ahorros, Ramón Martín López, "sin estudios universitarios y designado para el cargo por la única razón de ser militante del PSOE".

Ello, "a pesar de la situación crítica y de gravedad en la que se hallaban las cuentas de la caja de ahorros", una entidad en un proceso de fusión "para superar la crisis y falta de capitalización y que desembocó en un ajuste de personal y solicitudes de ayudas públicas estatales de cantidades muy elevadas".

UPyD recogía en el documento, consultado por Europa Press, que el presidente del consejo en 2011, Antonio Jara, presentó en una de las reuniones del consejo una propuesta para premiar a Ramón Martín López, basada en incrementar sus retribuciones mediante el pago de una compensación del 25 por ciento de las retribuciones percibidas hasta la fecha, "de forma adicional a su retribución fija anual de 209.898 euros, y con carácter retroactivo".

Esta concesión UPyD la considera "escandalosa e inexplicable" ya "que se sumó a una modificación del contrato laboral del directivo para consolidarlo, aún en el caso de que dejase de ejercer el puesto para el que había sido contratado".

"PLURALIDAD" DE PERSONAS AFECTADAS

Dicha propuesta fue, según la formación que preside Rosa Díez, "duramente criticada por algunos de los miembros del Consejo, y votaron en contra cinco de ellos. No obstante, quince consejeros, quienes ostentaban los cargos de gestión más importantes, impusieron "una medida injustificable, perjudicial para la entidad, para el enriquecimiento ilícito de una persona que apenas llevaba algo más de dos años ejerciendo el puesto y con un claro fracaso en su gestión".

"Apenas un año y medio después, Martín López abandonó voluntariamente la caja para dedicarse a negocios privados, para lo que se acogió a las condiciones establecidas en el acuerdo", indican en la denuncia.

De la Herrán señaló entonces en que estos son unos hechos que pueden afectar a los intereses generales de los ciudadanos y "pueden existir pluralidad de personas afectadas, debido a la importante aportación de fondos públicos y a la restitución que supondría para el Estado si se probase la ilicitud de la concesión".

Además, incidió en que este tipo de acciones tienen lugar "tras el reparto de cargos en CajaGranada por parte del PSOE y PP para garantizar sus propios intereses individuales y partidistas y acumular cuotas de poder", lo que se demuestra con el denominado 'Pacto del Saray' en el que acordaron nombrar presidente a Antonio Jara (PSOE) y a Luis González (PP) como vicepresidente primero del Consejo de Administración.

Del mismo modo, se nombró a Martín López, "a pesar de no tener formación universitaria demostrada que le capacite para dirigir o gestionar una entidad de estas características". UPyD, según dijo su responsable en Andalucía, "es el único partido que ha exigido desde su nacimiento la despolitización de las cajas de ahorro".