Previsto para este lunes el desalojo de cinco familias de agricultores en Jete
Cinco familias de agricultores serán desalojadas previsiblemente este lunes de sus viviendas en Jete (Granada) a raíz de un pleito que se originó hace ahora más de una década.
Los padres de los actuales inquilinos compraron en 1979 la estructura del edificio donde se han construido las viviendas, pero no firmaron escrituras públicas con el propietario, algo que "en aquellos tiempos era frecuente", según ha relatado uno de los afectados, Félix Bustos.
El anterior propietario se trasladó a Almería y solicitó un crédito bancario en el que le avaló su hermano. Esta persona murió sin saldar la deuda y su familiar la afrontó adquiriendo los derechos hereditarios del fallecido, convirtiéndose en el propietario del edificio.
Los actuales herederos reclaman 600.000 euros a estas familias por sus viviendas, un montante que afirman no poder afrontar y, aunque Bustos reconoce que cometieron un error al no firmar las escrituras, consideran que no deben pagar "un precio tan elevado" por unas casas que han construido ellos mismos y donde llevan viviendo treinta años.
Las familias afectadas han intentado negociar con los herederos hasta el último momento y se han ofrecido a volver a pagar la estructura pero reconocen que no tienen dinero "para comprar sus propias casas".
Se trata de trabajadores del campo que tienen un bajo poder adquisitivo y que, además, cada tres meses tienen que saldar los intereses de un depósito que tuvieron que entregar para que no les echaran en 2001, cuando se produjo el primer intento de desalojo por orden judicial.
La nueva orden de desalojo ha sido dictada por un Juzgado de Almería, pero la materializará uno de Almuñécar (Granada) por proximidad, según han precisado desde la Plataforma Stop Desahucios, que está apoyando a estas familias y ha convocado una concentración para el lunes junto a las viviendas para tratar de frenar el desahucio, previsto a partir de las 11,00 horas.
Bustos afirma que los afectados llevan varias "noches sin dormir y con una gran tensión". Aunque asumen el error administrativo que cometieron, también advierten de que es "injusto" que tengan que comprar por ese precio las casas que ellos construyeron y pagaron. "La ley se vuelve contra el ciudadano que menos recursos tiene", ha lamentado.
