Prodeni critica que la Junta deje fuera de la gratuidad a menores tutelados y exige "medidas" para familias acogedoras

La asociación Pro Derechos del Niño y la Niña (Prodeni) exigió hoy a la Junta de Andalucía que tome "medidas a favor de las familias acogedoras" de los niños tutelados por la Administración por considerar, entre otros aspectos, que la nueva normativa de la Consejería de Educación respecto a los precios públicos de los centros educativos andaluces dejan "fuera del baremo de gratuidad a los menores tutelados, tanto en familias acogedoras como extensas".

   Así pues, según explicó Prodeni en un escrito remitido a la consejera para la Igualdad y el Bienestar Social, Micaela Navarro,  así como a los portavoces de los grupos políticos del Parlamento andaluz y a la Comisión parlamentaria Para la Igualdad, son estas familias de acogida las que deben asumir los gastos educativos de aula matinal, comedor y actividades extraescolares que los menores requieran, "cuando hasta este curso era todo gratuito para estos niños".

   Y ello, teniendo en cuenta que "el Parlamento de Andalucía aprobó a finales de junio de este año una proposición no de ley para el impulso del acogimiento familiar como medida de protección", criticó la asociación.

   Por esa razón, Prodeni lamentó la "descoordinación" entre las consejerías de Igualdad y Educación respecto a las matrículas de los menores en los colegios porque, a su entender, "cuando ya comenzado el curso una familia recibe niños en acogimiento, al ir a matricularlos se suele encontrar con la respuesta de que ya se ha pasado el plazo para inscribirlos, o si son varios hermanos, teniendo que colocarlos en distintos colegios, lo que perjudica seriamente la dedicación de la familia a estos niños".

   Debido a esta "rigidez burocrática" para los menores tutelados, tal y como la denominó la Asociación Pro Derechos del Niño y la Niña, Prodeni pidió a Navarro que "coordine y resuelva estos asuntos en el Consejo de Gobierno".

   Además, le reclamó ayudas económicas para las familias acogedoras "por los gastos extraordinarios que les supone atender a los niños de acogida, pues al no recibir ninguna remuneración por la colaboración, muchas de esas familias se encuentran apuradas y puede repercutir en la calidad de la atención".

INFORMACIÓN DENEGADA

   Por otro lado, Prodeni tachó de "desinterés" el mostrado por la Junta de Andalucía "por cumplir sus propias leyes y normativas, pues niega información sobre sus derechos a los menores tutelados, que además no saben --porque se les oculta-- que pueden pedir comparecencia con el Ministerio Fiscal o con el Defensor del Menor cuando tengan problemas y lo necesiten".

   Así, según recordó la asociación a Navarro en el citado escrito, "hace tiempo que Prodeni viene advirtiendo que el sistema de Protección de Menores de la Junta de Andalucía excluye a los niños y niñas bajo tutela del conocimiento de sus derechos, y eso a pesar de leyes como la Convención de Derechos del Niño de 1989, la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor, La Convención Europea del Ejercicio de los Derechos del Niño, de 1996, La ley andaluza 1/98 de 20 de Abril de Derechos y Atención al Menor, y la posterior normativa que en nuestra tierra se ha venido desarrollando sobre menores tutelados y acogimiento residencial".

   Por ello, y pese a que reconoció "los logros y avances conseguidos hasta hoy en el veinte aniversario de la Convención de los Derechos del Niño", reclamó también a la administración andaluza que no excluya del régimen de acogimientos familiares "la remuneración a las familias, un sistema que se están extendiendo en otras comunidades autónomas y que responde a experiencias ya consolidadas en algunos ámbitos europeos".

   "No es cuestión de plantear lo positivo o lo menos positivo de la medida, pero entre dotar a las familias acogedoras de una remuneración para que ejerzan con profesionalidad y dedicación exclusiva la tarea de colaboración en el acogimiento, y la actual situación de no darles ni un solo céntimo para colaborar en los gastos que la familia acogedora tiene, hay un paso intermedio, y es apoyar económicamente a aquellas familias acogedoras que demuestren ciertos gastos que el cuidado, manutención y servicios, se supone gravan su economía e, incluso, a veces, ponen en riesgo la permanencia del acogimiento", concluyó Prodeni.