PSOE e IU se concentran contra una reforma local que supondrá "más paro" y el "desmantelamiento" de servicios

Alcaldes, portavoces, concejales y dirigentes del PSOE e IU de Granada se han concentrado este jueves para manifestar su rechazo a la reforma local, que supondrá "más paro" y el "desmantelamiento" de servicios públicos, en actos que se han programado con el lema el '12 del 12 a las 12, defiende tu ayuntamiento', coincidiendo con el debate del proyecto de ley impulsado por el Gobierno de Mariano Rajoy en el Senado.

En el acto central, que ha tenido lugar a las puertas del Ayuntamiento de la capital, el vicesecretario general del PSOE y portavoz socialista en la Diputación, José Entrena, ha alertado de que la reforma local del PP "traerá más paro a la provincia, más desigualdad y la pérdida de servicios públicos básicos". "El PP aún está a tiempo de retirar el proyecto de ley, que ha suscitado el rechazo unánime de organizaciones políticas, colectivos sociales y trabajadores, y de plantear una reforma consensuada", ha señalado Entrena.

El representante socialista ha recordado que cientos de miles de ciudadanos se verán "perjudicados" de manera directa por la reforma local que plantea el Gobierno de Rajoy porque "perderán servicios públicos en sus municipios". "Esa ley consolida ciudadanos de primera y de segunda en función del lugar en el que vivan y pone en manos de la iniciativa privada no sólo los servicios públicos básicos sino también los servicios sociales que prestan los ayuntamientos", ha agregado.

Entrena ha responsabilizado al máximo representante del PP en Granada, Sebastián Pérez, de los 5.000 despidos que va a provocar en los ayuntamientos de la provincia la reforma local y ha recordado que la ley afectará fundamentalmente a los municipios de menos de 20.000 habitantes, es decir, al 95 por ciento de los ayuntamientos de Granada. "Esta reforma local atenta contra la administración más cercana al ciudadano, supone una pérdida de democracia directa y también, una pérdida de la calidad del servicio porque lo que pretende el PP es privatizar y hacer negocio con los servicios de los ciudadanos", ha afirmado.

El vicesecretario del PSOE ha recordado que la reforma afecta a las competencias más importantes de los ayuntamientos, a la ley de dependencia, a la ayuda a domicilio, al empleo, al prohibir que los ayuntamientos realicen políticas de formación, a la igualdad, lo que obligará a cerrar centros de la mujer, a la educación, a la salud, a la juventud, a la cultura y a toda la estructura de la administración local.

Por su parte, el portavoz del grupo socialista de Granada capital, Francisco Cuenca, ha indicado que "el PP ha decidido apuñalar definitivamente la cercanía de la administración local a los ciudadanos". En el caso de la ciudad, "el PP aspira a tener barra libre", ha dicho Cuenca, quien ha recalcado que el Ayuntamiento se va a quedar sin competencias. "Los granadinos no van a poder decidir lo que les afecta de manera más cercana porque todo se va a imponer desde Madrid, y nosotros tendremos que acatar sin rechistar", ha añadido.

Para el portavoz socialista, la reforma local del PP también pretende acabar con la labor de control de la oposición, "un trabajo que, en el caso de Granada ha hecho posible que se descubran asuntos tan oscuros y turbios como los procedimientos urbanísticos llevados a cabo por el alcalde". "Una vez aprobada la ley, esa labor de investigación, de control será cercenada y el PP quedará libre para campar a sus anchas sin que nadie pueda controlarlo", ha subrayado.

POSICIÓN DE IU

El portavoz del grupo municipal de IU, Francisco Puentedura, que también ha participado en la concentración ante el Ayuntamiento de Granada, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que "defienda sus ayuntamientos y no permita el desmantelamiento de los servicios públicos".

Las concentraciones han sido convocadas por los principales sindicatos mayoritarios con el objetivo de "frenar el ataque a la democracia local" que para los presentes en la concentración, supone la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración que el gobierno del PP pretende implantar.

Ante la inminencia de esta nueva reforma, que será sometida a votación la próxima semana en el Congreso de los Diputados, representantes locales de la oposición y miembros de sindicatos y asociaciones se han unido para aunar esfuerzos contra lo que consideran "un atropello contra los servicios que prestan los ayuntamientos en favor de la centralización".

Según el portavoz de IU en el Ayuntamiento, esta ley "asesta un duro golpe a los derechos de la ciudadanía dado que los ayuntamientos son la administración con la que la gente tiene contacto directo y se les quiere quitar la posibilidad de que se les atiendan sus necesidades de forma rápida y cercana".

Por otro lado, tal y como ha explicado el coordinador provincial de IU, Manuel Morales, "no tiene sentido hacer una ley de racionalización y sostenibilidad a las administraciones locales, cuya deuda es de apenas un 4 por ciento del PIB, mientras que el del resto de las administraciones públicas alcanza el 88 por ciento. Los intereses reales de esta ley no son sino restar autonomía política a los consistorios y la paulatina privatización de los servicios básicos gestionados por ayuntamientos".

LOS SINDICATOS

En opinión del secretario general de CCOO de Granada, Ricardo Flores, la concentración se ha producido para mostrar el rechazo y pedir al Gobierno que retire el proyecto de ley, porque "implica la destrucción de multitud de puestos de trabajo así como la pérdida de servicios públicos que sufrirá directamente la ciudadanía porque nadie los prestará y otros que pasarán a ser privatizados". Según ha alertado, servicios como los centros municipales de la mujer, guardería infantil, mantenimiento de edificios escolares, o los servicios sociales dejarán de prestarse en muchos municipios "agravando, aún más, la situación de muchas familias que hacen uso de los mismos".

La secretaria general de UGT Granada, Manuela Martínez, considera que se trata de una ley de "destrucción masiva" de empleos públicos, y estima que en la provincia de Granada se pueden llegar a quedar sin empleo unos 4.000 trabajadores de los 13.593 empleados municipales que hay actualmente en la provincia (entre puestos de trabajo directos e indirectos).

Esta pérdida de empleos derivará además, a juicio de la representante de UGT, en otra consecuencia "muy perniciosa": la desaparición de servicios públicos a los ciudadanos de 161 de los 168 ayuntamientos granadinos, que afectaría además al 52,72 por ciento del total de habitantes de la provincia. Se "salvan" Loja, Baza, Maracena, Armilla, Motril, Almuñécar y Granada, que son los únicos municipios que superan los 20.000 habitantes. También, supondrá una intervención y reducción de los derechos de los ciudadanos, consiguiendo el vaciado democrático de las entidades locales.

Martínez ha augurado "una privatización, cuando no una liquidación directa", de "un puñado de servicios sociales que hoy prestan los municipios y con la reforma de la administración local corren riesgo de desaparecer, siendo lo más perjudicados los ciudadanos, en especial los más desprotegidos".

La ugetista considera que las entidades locales son las prestadoras de los servicios públicos más cercanos a la ciudadanía, garantizan la cohesión social, interterritorial y la igualdad. Por ello, ha señalado que el Gobierno debe retirar esta reforma, "ya que ni los empleados municipales ni los ciudadanos son los culpables del déficit público que el gobierno con su gestión de la crisis ha generado".

"Resulta chocante, además, que el partido que gobierna apostaba por la eliminación de las Diputaciones Provinciales en campaña electoral, y ahora que las gobierna, pretenda centralizar el poder a costa de las competencias y el empleo de los ayuntamientos", ha concluido.