PSOE reclamará en pleno conocer los convenios urbanísticos pendientes de ejecución en la capital
Los socialistas también reclaman conocer los procesos judiciales emprendidos por el Ayuntamiento o contra él por este mismo asunto
El grupo socialista en el Ayuntamiento de Granada ha elevado una moción al pleno para que todos los grupos y los granadinos "conozcan con detalle" los convenios urbanísticos que tiene pendiente el consistorio y el estado en que se encuentran.
El concejal del PSOE Miguel Ángel Fernández Madrid ha señalado este lunes que ahora "es el momento de arrojar luz sobre el urbanismo de la ciudad y sobre una gestión opaca" y por ello su grupo solicita que en los próximos dos meses se celebren las comisiones extraordinarias de Urbanismo que sean necesarias para analizar los convenios pendientes de ejecución, "ya sea con particulares o con cualquier otro organismo o institución".
Los socialistas también reclaman conocer los procesos judiciales emprendidos por el Ayuntamiento o contra él por este mismo asunto, después de que el equipo de gobierno 'popular' "echara para atrás con el apoyo de Ciudadanos la puesta en marcha de una auditoria sobre el área de Urbanismo hace unos meses".
"Queremos saber qué incumplimientos han hecho los promotores, o en caso contrario, el Ayuntamiento; así como las repercusiones económicas, o bien en materia de infraestructuras o equipamientos. También es imprescindible saber las acciones administrativas o judiciales que hayan hecho alguna de las partes para enmendar dichos incumplimientos", ha precisado Fernández Madrid.
Lo justifica en que, de existir incumplimientos, pueden afectar directamente a las cuentas municipales y a la confección de un presupuesto, por lo que ve "primordial conocer si alguno de los promotores va a reclamar en el próximo año alguna indemnización vía judicial que altere de manera alarmante el presupuesto".
Para concluir, el socialista ha alertado del convenio urbanístico del Plan Parcial Oeste 3, no desarrollado y donde, según sus datos, "alguno de los particulares había reclamado judicialmente siete millones de euros de las arcas municipales".