"El punto fuerte de CSIF es que conocemos con nombre y apellidos a cada una de las personas que acude a nosotros"

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Granada afronta con optimismo las elecciones sindicales de la Administración General del Estado de este lunes 26 de junio, a las que están llamados 2.902 trabajadores en la provincia. La organización recalca que "no lo hace no solo con los buenos resultados obtenidos en Granada hace cuatro años, sino también con los alcanzados a nivel nacional y en el resto de Andalucía el pasado martes 20 de junio, reafirmándose como primera fuerza sindical entre este colectivo". Francisco Amaya, responsable del sector de Administración General del Estado en CSIF Granada, pide "altura de miras y capacidad de diálogo para sentarse a negociar las mejoras laborales de las plantillas y el bienestar de los servicios públicos" al Gobierno que salga electo de los comicios del próximo 23 de julio. Además, defiende que la mayor fortaleza del sindicato es la cercanía con la que trata a todas las personas que acuden a él.

Pregunta: ¿Por qué son tan importantes estas elecciones?

Respuesta: Hemos vivido años muy complejos y ahora es momento de recordar y de juzgar el trabajo de estos cuatro últimos años de nuestros representantes sindicales. En la pandemia no había mascarillas, ni medidas de seguridad en los centros de trabajo. Nuestros profesionales tenían problemas con la atención de centros concertados de MUFACE y fuimos los únicos que seguimos atendiendo a los compañeros en esos días, en los que otros desaparecieron, literalmente. Tuvimos que denunciar en la inspección de trabajo, en los juzgados, en la prensa, para conseguir que se instalaran mamparas, que se facilitaran guantes, mascarillas.

P: ¿Cuáles son las principales propuestas de CSIF para los trabajadores de la Administración General del Estado en Granada?

R: Nuestras demandas laborales son amplias y algunas llevan años de absoluto bloqueo. No obstante, no vamos a cejar en nuestro empeño y vamos a seguir defendiendo la dignificación de la labor del personal de la AGE. Así, reclamaremos la carrera profesional para todos los colectivos y el reconocimiento de todos los años de servicio previos a su implantación la recuperación de la estructura salarial previa a 2010, el incremento retributivo ligado al IPC, la supresión de la tasa de reposición para ajustar las plantillas a las necesidades reales, la equiparación salarial, la jornada de 35 horas semanales, o la puesta en marcha del teletrabajo con garantías.

Seguiremos trabajaremos para la reanudación de las aportaciones de la Administración a los planes de pensiones, el incremento de financiación de las mutualidades para una prestación sanitaria adecuada, la simplificación de los procesos de promoción interna, la jubilación anticipada para todos los trabajadores o la actualización de dietas e indemnizaciones, entre otras demandas en materia de prevención de riesgos laborales, planes de igualdad y protocolos de acoso.

P: Uno de los puntos en los que más hincapié hacen ustedes es en la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores

R: Las empleadas y empleados públicos arrastramos una pérdida de poder adquisitivo superior al 20% desde los recortes de 2010. En este sentido, el pasado 24 de septiembre, ante la falta de escucha del Gobierno y la deriva de nuestra economía, fuimos el primer sindicato en salir a la calle convocando a más de 70.000 personas en Madrid para reclamar una subida salarial justa, la equiparación salarial y unas pensiones dignas.

Instamos al Ministerio de Hacienda y Función Pública a sentarse a negociar un acuerdo plurianual que permitiera mitigar los efectos de la inflación sobre las nóminas de los trabajadores de las administraciones públicas y conseguimos sentarnos a negociar gracias a la presión ejercida por CSIF en solitario. Sin embargo, a día de hoy, poco hemos podido avanzar, porque mientras defendíamos en la negociación una subida retributiva vinculada al IPC y recuperar más derechos, los sindicatos de clase entregaron al Gobierno un cheque en blanco firmando un acuerdo que nos condena a una nueva pérdida de poder adquisitivo. Para que nos hagamos una idea, la empresa privada tendrá una subida salarial un 60% superior a la firmada por Gobierno, CCOO y UGT para los empleados públicos.

P: ¿Qué elementos se deben reforzar para dar apoyo a un servicio público de calidad?

R: Los trabajadores de la Administración General del Estado somos el esqueleto del Estado y la garantía de la prestación de servicios básicos para la ciudadanía. Por eso es fundamental un refuerzo estructural de las plantillas de acuerdo a la realidad actual. Por ejemplo, en la prisión de Albolote –una de las más masificadas del país- debemos acabar de una vez por todas con la falta de recursos humanos y materiales. La plantilla lleva años demandando una formación continuada y específica así como el reconocimiento como agentes de la autoridad. Además la sanidad penitenciaria se encuentra en una situación paupérrima por la falta de médicos y las plazas sin cubrir, por lo que reclamamos al Ministerio del Interior una solución urgente que, en ningún caso, pase por privatizar estos servicios.

Por analizar otro sector, el personal del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) necesitan trabajar con sistemas y programas informáticos modernos, del siglo XXI, ya que algunos de los manejan actualmente tienen 30 años de antigüedad, además de demandar la jornada de tardes de forma voluntaria para toda la plantilla. ¿Y qué decir de la Inspección de Trabajo? Es un esperpento lo que está pasando con la pelea pública de dos ministras en campaña electoral.

P: ¿Necesita Granada un mayor número de trabajadores de la AGE? ¿Cuáles son las áreas que más contratación requieren?

R: En Granada somos alrededor de 2.902 personas al servicio del Estado; de ellos 2.145 es personal funcionario y 757 personal laboral. Todo ellos han dado el do de pecho ante la pandemia para continuar ayudando a la ciudadanía con sus gestiones ante la Administración como jubilaciones, subsidios, prestaciones, ayudas, pensiones, ERTEs y un largo etcétera. Han conseguido sacar adelante este servicio con escasos recursos, medios y prácticamente sin formación y sin un protocolo claro de actuación, a marchas forzadas y teniendo como única arma su vocación de servidores públicos. La pandemia ha visibilizado las enormes deficiencias que arrastran nuestros servicios públicos y es hora de fortalecerlos. Y sin embargo, el Gobierno lejos de agradecer su trabajo los denigra.

Tenemos una plantilla bajo mínimos con un alto porcentaje de jubilaciones en los próximos 5 años. Por eso urge reforzar sectores clave como Instituciones Penitenciarias, SEPE o Seguridad Social, o las oficinas del DNI, por citar solo algunos. Como decimos siempre en CSIF, no queremos ni un empleado público de más, pero tampoco ni uno de menos.

P: ¿Temen que los comicios de julio y la posterior formación de Gobierno ralentice los avances que demandan?

R: Lo que pedimos al gobierno que salga de las urnas el próximo 23 de julio es altura de miras y capacidad de diálogo para sentarse a negociar las mejoras laborales de las plantillas y el bienestar de los servicios públicos que forman el Estado de Bienestar. En este sentido, CSIF ha presentado a los partidos políticos una nueva hoja de ruta con motivos de estas elecciones generales y un pacto que permita desarrollar 12 ejes que consideramos fundamentales.

Revisión del acuerdo salarial y equiparación salarial entre administraciones; implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales; desarrollo efectivo del teletrabajo en la Administración General del Estado; regulación de la jubilación parcial anticipada en personal funcionario, estatutario y aquellos colectivos cuya actividad profesional así lo recomienda; mejora de las pensiones del Régimen General de Clases Pasivas y mayor financiación para las Mutualidades.

Además de actualización de las dietas e indemnizaciones por residencia; adecuación de los Grupos Profesionales conforme establece el TREBEP; profesionalizar la administración y garantizar su independencia; garantizar una financiación pública de la educación y la sanidad, hasta un 7% del PIB; eliminar la brecha salarial, garantizar la paridad, y desarrollar los protocolos específicos contra el acoso sexual; desarrollar la carrera profesional y evaluar el desempeño con criterios objetivos y negociados con los representantes de los trabajadores. Y por último, pero no menos importante, necesitamos un plan de recursos humanos a medio plazo frente a la avalancha de jubilaciones que se van a producir y el refuerzo de las plantillas donde sea necesario. A corto plazo, se hace precisa la aprobación urgente de la Oferta de Empleo Público de 2023, supresión de la tasa de reposición y agilización de los procesos de estabilización de plazas interinas.

P: ¿Por qué CSIF es la mejor opción para los trabajadores granadinos de la AGE?

R: CSIF es el sindicato de las personas y nuestro punto fuerte, además de que somos un sindicato independiente, negociador y profesional, es que conocemos con nombre y apellidos a cada una de las personas que acude a nosotros para consultarnos su problema o duda.

Y todo ello lo hacemos sin consignas políticas, contra el Gobierno de turno, sea de un partido o de otro, porque lo único que nos mueve es la defensa de las condiciones laborales de nuestros compañeros. Eso es lo que nos diferencia de otros sindicatos, lo que nos hace fuertes ante la Administración y el motivo por el cual cada vez más trabajadores optan por nuestro sindicato, porque somos libres y no debemos favores a ningún gobierno.

Este 26 de junio hacemos un llamamiento a la participación. Es vital que los trabajadores de la AGE en Granada vuelvan a confiar en CSIF para estar más unidos ante el gigante de la Administración y hacer frente a la etapa que se avecina de restricciones presupuestarias a la vista del estado actual de nuestra economía, sin ceder ante improvisaciones y acuerdos de la Administración que empobrecen y dejan aún más indefensos a los empleados públicos.