¿Qué opinan los granadinos de la Zona de Bajas Emisiones?

La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) lleva unos meses causando revuelo sobre la ciudadanía de Granada. Diversos ayuntamientos han exigido su paralización o demostrado sus quejas por las consecuencias que podría suponer para diversos municipios granadinos. A pesar de las alegaciones y dudas sobre este proyecto, su implementación sigue manteniéndose inalterada para comenzar en abril aunque las sanciones se retrasen.

Ante este clima de desconcierto por parte incluso de las distintas administraciones, el ciudadano es el más perjudicado y que más dudas puede tener al respecto. Muchos son los que aún no tienen claro en qué consiste la Zona de Bajas Emisiones y qué restricciones supone, qué excepciones se le aplican o qué trámites han de realizar y hasta qué plazos para poder circular por el área metropolitana sin preocuparse.

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¿Por qué debe Granada atenerse a la implementación de esta Zona de Bajas Emisiones?

La instauración de la Zona de Bajas Emisiones viene dado por parte de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de España, aprobada en 2021. Debido a esta, todo municipio de más de 50.000 habitantes, o todo aquel superior a los 20.000 habitantes con altos niveles de polución, debe implementar una ZBE para tratar de reducir las distintas formas de contaminación. Estas medidas deberían haber sido establecidas para antes de 2023, por lo que la mayoría de los ayuntamientos ya van tarde al respecto.

Estas medidas, además de para intentar reducir la contaminación atmosférica también plantea la posibilidad de reducir considerablemente otros problemas a los que está sometida la ciudad de Granada. Estas nuevas normas para la correcta circulación tienen como objetivo, además de la disminución del tráfico y de la contaminación acústica y ambiental, abrir un nuevo espacio de posibilidades para la reurbanización de la ciudad.

De hecho, Granada ya se encuentra en la cola ya que no verá como efectivas las medidas hasta el 1 de abril de este 2025, aunque las sanciones no comenzarán hasta el 1 de octubre de este mismo año.

¿Quiénes se han quejado sobre la Zona de Bajas Emisiones?

El Ayuntamiento de Granada defiende las medidas y la implementación de esta nueva serie de normas. La alcaldesa, Marifrán Carazo, mantiene que es una obligación legal impuesta desde la Unión Europea para evitar la contaminación en las grandes ciudades o con grandes tasas de polución. Estas nuevas medidas plantean una mejoría de la calidad del aire a largo plazo para todas y todos los granadinos, y están diseñadas para suponer una progresiva adaptación en la vida diaria de los ciudadanos y sus necesidades de movilidad.

Sin embargo, numerosas críticas han sido llevadas por parte de los ayuntamientos de diversos municipios de Granada que reclaman una recapacitación y un auténtico consenso general por parte del Ayuntamiento para un modelo más justo para todos. Esta oposición viene liderada por parte del alcalde de Maracena, Carlos Porcel, y la alcaldesa de la Zubia, Puri López, que denuncian estas medidas como discriminatorias para los ciudadanos que residen fuera de la capital. Recientemente, registraron ante el Ayuntamiento más de 2.000 firmas de vecinos de Maracena en apoyo a estas alegaciones.

Ante esta controversia, el Ayuntamiento tuvo que realizar una serie de excepciones y ampliar el plazo desde el cual se empezará a sancionar por el incumplimiento de la ZBE. Aunque la oposición socialista celebró estas alternativas, siguen siendo insuficientes y exigen un verdadero consenso.

¿Y qué piensan los granadinos de la implementación de esta Zona de Bajas Emisiones?

En este caso, los más afectados resultan los granadinos y granadinas que puedan ver sus desplazamientos y opciones de movilidad restringidas. Las opiniones de los ciudadanos sobre la implementación de la Zona de Bajas Emisiones en Granada son diversas. Algunos consideran que la medida es positiva y necesaria, como un joven entrevistado que señaló: "Me parece interesante. Yo vengo de vivir en un país que es Nueva Zelanda, donde allí la zona de bajas emisiones se da en alguna zona. Es bastante importante, y que ahora esté llegando a España me parece bueno."

Sin embargo, otros ciudadanos destacan las dificultades económicas que conlleva la adaptación a la normativa. "Conflicto en todos los sentidos, porque estamos hablando de que hay que cambiar muchos vehículos, estamos hablando de mucho dinero que no se puede cambiar. Entonces, al final, el tema es monetario." En la misma línea, otra persona expresó su preocupación por aquellos sectores de la población que pueden quedar en desventaja: "Si no damos una prioridad a las personas mayores, o a personas que no se pueden permitir un coche o un medio de transporte que cumpla las condiciones, pues siempre estás dejando como ese plazo, pero no garantiza que en ese plazo la gente se pueda adaptar a las circunstancias."

También hubo quienes consideran que la normativa está dando un margen razonable para que los ciudadanos puedan adaptarse: "Me parece que se está dejando un margen de tiempo relativamente decente para que todas las personas puedan adaptarse a ello, ya que no todo el mundo puede disponer de un vehículo adaptado a esas condiciones." Por otro lado, algunos se muestran escépticos sobre la efectividad de la medida hasta que existan alternativas viables: "Muchos de los coches no te dan el mismo servicio que un gasolina o un gasoil. Cuando tengas el remedio preparado, pues empezamos a ser buenos."

Finalmente, otro encuestado hizo énfasis en la importancia de aplicar sanciones de manera inmediata para garantizar el cumplimiento: "Ya que lo ponen, el mismo día que empieza, el mismo día multa."