Rechazo "frontal" de cuatro sindicatos a los "recortes" de unidades educativas

Los sindicatos de la enseñanza pública no universitaria CSIF, ANPE, CCOO y UGT han mostrado este lunes 13 de enero  su postura ante la reorganización de centros que prevé la Junta de Andalucía para los próximos cursos, denunciando que los rumores de los últimos días sobre posibles cambios, traslados y supresiones de enseñanzas en centros públicos de la provincia de Granada están generando inquietud y malestar entre las familias y el profesorado.

Las cuatro organizaciones sindicales, a través de sus responsables de Educación, denuncian falta de información por parte de la Delegación de Educación sobre este proceso que conllevaría la supresión de centros Semi-D en la provincia (centros que imparten Infantil, Primaria y los dos primeros cursos de Secundaria), así como modificaciones en el mapa de Centros de Profesores y Recursos (CPRs), creación de centros nuevos –los denominados Ceipso (Centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria) y Ceipsob (Centros de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato)-, la creación de nuevos centros integrados de Formación Profesional o el traslado de alguno de ellos a otra ubicación.

Los representantes sindicales critican que la Administración no haya contado con el profesorado hasta el momento, a través de sus representantes legales, para la elaboración de un proyecto tan importante en la configuración del mapa de centros de la provincia y de la comunidad andaluza y exigen que se haga un estudio del estado de la situación de la provincia previo a cualquier actuación y que se abran los canales de participación y consenso con las organizaciones sindicales y las familias.

 

"Desde CSIF, ANPE, CCOO y UGT vamos a defender hasta la última consecuencia que no se pierdan ni unidades ni cupos de profesorado en nuestra provincia como resultado de estas transformaciones. De la misma manera vamos a exigir todas las garantías para los docentes y el alumnado durante este proceso”, añaden. Por ello, “estaremos vigilantes y trabajando, entendiendo que es así como en este momento somos más útiles a la comunidad educativa, que necesita información veraz y garantía, no alarma y crispación sin más”. Por último, recuerdan que “tomaremos las medidas necesarias en el caso de que las actuaciones que se quieran realizar por parte de la administración educativa puedan resultar perjudiciales para la calidad de la educación pública y de sus profesionales”.