Reclaman al Ayuntamiento de Atarfe 1,4 millones por "20 años de contratación irregular" en la ayuda a domicilio

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha reclamado al Ayuntamiento de Atarfe (Granada) la cantidad de 1,4 millones de euros "en concepto de cuotas a la Seguridad Social de 60 trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio por la situación de irregularidad en las que venían trabajando desde 1992".

Así lo ha anunciado este domingo en una nota el Consistorio atarfeño, gobernado desde las últimas elecciones locales de 2015 por el grupo Por Atarfe Sí, que relevó en el ejecutivo municipal al PSOE, que llevaba gobernando en la localidad desde los años 80, y con mayoría absoluta desde 1995 a 2007.

Desde el Consistorio explican que la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social realizó una visita al Ayuntamiento en enero de 2017, constatando que "durante 20 años dicho servicio se prestaba a través de la comunidad de bienes Hinojosa y Navarro, formada por las propias trabajadoras en régimen de autónomas y sin contrato alguno, tal y como queda reflejado en el acta de inspección".

En dicho documento se alude al carácter "ficticio" de la comunidad de bienes como empresa, "meramente instrumental para facilitar la actividad municipal, escapando de la condición empresarial el propio Ayuntamiento y facilitando sin embargo una actividad absolutamente discrecional y carente de cualquier tipo de control en la selección y contratación de las trabajadoras", según apunta el Consistorio.

Desde la Administración local subrayan que "esta situación ya se puso de manifiesto en el año 2000 con el informe de fiscalización del Ayuntamiento de Atarfe que elaboró la Cámara de Cuentas de Andalucía, donde se decía que se contrataban determinados servicios con comunidades de bienes sin que quedara acreditada 'la capacidad de las comunidades para contratar con la administración local, ni su relación con el objeto del contrato ni la solvencia técnica o profesional'". En aquel momento, "no se adoptó ninguna medida para solucionar el problema", han indicado desde el Consistorio.

"Es una irregularidad más que se remonta a la época del clientelismo en el Ayuntamiento de Atarfe, cuando se esquivaban los sistemas de contratación que rigen la administración pública para controlar a las trabajadoras", ha explicado la concejal de Bienestar Social, Rosa Félix, quien ha anunciado que "recurrirá la resolución de la Inspección de Trabajo para intentar causar el menor daño posible a los bolsillos de los ciudadanos".

Según explican desde el Ayuntamiento, en septiembre de 2012, el gobierno socialista de entonces presentó en el pleno una propuesta para iniciar el proceso de privatización del servicio que no llegó a debatirse por falta de apoyo necesario para su aprobación. En el actual mandato, el nuevo gobierno municipal, "antes de iniciar el proceso de regularización, solicitó información sobre la situación del servicio a la anterior responsable y actual concejal socialista, Francisca García Olivares, negándose ésta a dar cualquier tipo de explicación", indican.

El siguiente paso fue tratar de "consensuar con los grupos municipales la solución al problema". "Todos los partidos, a excepción del PSOE, respaldaron en marzo de 2006 la propuesta del gobierno de iniciar los trámites para llevar a cabo una gestión directa del servicio y modificar las condiciones laborales de las auxiliares de la ayuda a domicilio, si bien el PP se desmarcó en el momento de la aprobación definitiva --en el pleno de julio de 2016--, por no estar de acuerdo con las alegaciones que se presentaron, al tiempo que se mostró partidario de privatizar el servicio", han apuntado desde el Consistorio.

La concejal del PSOE y anterior responsable de la Ayuda a Domicilio, Francisca García Olivares, "llegó a presentar un recurso de reposición "en un intento de torpedear el acuerdo e impugnar la decisión del pleno", según ha apostillado Rosa Félix, que defiende que "la apuesta de este Ayuntamiento es seguir el camino de crear un servicio público de calidad a pesar de las denuncias que se han pergeñado en la sombra".

"El importe ahora reclamado corresponde a las cuotas del periodo no prescrito, por lo que esta circunstancia ha obligado a ralentizar la convocatoria del concurso oposición, dado que las trabajadoras han sido dadas de alta por la Inspección de trabajo en el régimen general de la Seguridad Social", ha concluido.