Recta final de las declaraciones de investigados por 'Operación Nazarí' desde este martes
En el caso ya han comparecido un total de diez de las diecisiete personas investigadas.
El Juzgado de Instrucción 2 de Granada acoge este martes nuevas declaraciones de investigados en el marco de la 'Operación Nazarí, sobre la existencia de una posible trama corrupta de Granada, en lo que supone la recta final de las comparecencias previstas, que culminarán el próximo 17 de mayo.
Así, para este martes está programada la declaración del director de Obras Municipales en el área de Urbanismo en el Ayuntamiento de Granada Manuel Lorente, gerente del área hasta 2008, para este miércoles la de la secretaria general del Ayuntamiento y la exconcejal de Urbanismo, y para el jueves la del exalcalde, José Torres Hurtado. En la última jornada, el 17 de mayo, acudirán a la sede judicial dos de los investigados que aplazaron sus declaraciones en semanas anteriores.
En el caso ya han comparecido un total de diez de las diecisiete personas investigadas. El primero fue un registrador de la propiedad, seguido del empresario y presidente de la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Edificios de Granada (ACP), Enrique Legerén, la apoderada de la empresa de Romero JJ Consulting, el empresario Roberto García Arrabal, el consejero delegado de Casería de San Jerónimo, empleado de Romero, el promotor José Julián Romero, un funcionario ya jubilado del área de Urbanismo en el Ayuntamiento de Granada y otros tres altos cargo de Urbanismo.
El Juzgado de Instrucción 2 investiga, tras la querella del Ministerio Público, la alteración y modificación presuntamente fraudulenta del concurso-licitación de la concesión administrativa de la parcela de uso deportivo sita en la calle Torre de la Pólvora 35 de Granada que tenía por objeto la ejecución de un pabellón deportivo.
A las diligencias de Instrucción 2 se acumularon como pieza separada otras del Juzgado de Instrucción 6 de Granada, incoadas también en virtud de querella de la Fiscalía interpuesta tras las investigaciones efectuadas por presunto delito de prevaricación y malversación de caudales públicos, en relación a las irregularidades en las obras de urbanización del Plan Parcial PP-N2, desviación de un barranco y concesión de licencias de primera ocupación de 300 viviendas, trasteros y garajes del residencial Ciudad de la Luz.
Asimismo, de las actuaciones llevadas a cabo por el Grupo de Delincuencia Económica de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Andalucía Oriental y la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF pueden resultar, según informó en su día la Fiscalía General del Estado, "irregularidades en otros expedientes tramitados por la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada, que se están investigando".
Torres Hurtado e Isabel Nieto fueron puestos en libertad con cargos el pasado día 13 de abril tras ser detenidos y declarar en la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental por su presunta implicación en una supuesta trama corrupta en el área de Urbanismo.
En las diligencias, declaradas secretas, se están investigando presuntos delitos de cohecho, fraude en la contratación, asociación ilícita, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, estafa, falsedad en documento mercantil, administración desleal y contra la ordenación del territorio.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional desplegó desde primera hora de la mañana del pasado 13 de abril un dispositivo que incluyó registros en el despacho de la secretaria general del Ayuntamiento, en la Plaza del Carmen; y en la sede de Urbanismo, en la plaza Gran Capitán, de donde la Policía sacó cajas con documentación.
Asimismo registraron varios domicilios, entre ellos la casa del alcalde, y empresas de Granada. Tras los registros, los detenidos fueron conducidos a la sede policial para declarar. Torres Hurtado, que fue retenido durante unas horas en su casa, con motivo del registro, fue trasladado después al Ayuntamiento y con posterioridad a la Jefatura de Policía.
