Residentes de la Huerta del Rasillo se plantean llegar a la huelga de hambre porque "ya no tienen nada que perder"

Desesperados. Así están los usuarios y trabajadores de la residencia Huerta del Rasillo, esa gran "familia". Un apelativo que comenzó a asomar en los medios cuando hubo que explicar, que llamar por su nombre a la relación entre unos y otros, entre cuidarores y cuidados. En estos momentos la residencia está abocada al cierre, ese es el panorama. Un desenlace que nadie quiere, incluida la supuestamente fría figura del administrador concursal, pero que será lo que ocurra si nadie lo remedia.

Los antecedentes de esta historia están en la deuda que la anterior gestora de la Residencia, la Confederación Andaluza de Personas con Discapacidad Física y Orgánica -CANF-, ha contraído durante años con la Seguridad Social y con los propios trabajadores de la residencia. Un total cercano a los 2 millones de euros, 300.000 de ellos en nóminas, aunque informaciones recientes la reducían a 660.000 euros. En cualquier caso, es esta losa que ha lastrado a dicha empresa hasta ser alcanzada por un concurso de acreedores y que amenaza con arrastrar hasta el fondo a la residencia que gestionó. Situación a la que se llegó tras la "falta de fiscalización" de la gestión de la residencia por parte de la Junta de Andalucía, administración responsable que le otorgó la concesión de la gestión de la residencia, con la correspondiente subvención económica.

Es entonces cuando del concurso de acreedores emerge la figura del Administrador Concursal, un brazo ejecutor a medio camino entre lo administrativo y lo judicial, que tiene como misión resolver. O disolver. Dictaminar el cierre de la residencia y que con ello deje de aumentar la deuda con la Seguridad Social. Es el llamado "desahucio" de la residencia. Se desencadena un ERE extintivo de los puestos de trabajo y, aunque los residentes fueran reubicados, se produciría la ruptura de la familia. Este vínculo afectivo, el conocimiento de los dependientes que tanto peso tiene en los cuidados, es el principal valor a preservar, lo que unos y otros no dejan de invocar en sus peticiones y propuestas.

LA ÚNICA SALIDA POSIBLE

La solución de la residencia pasa porque sea otra empresa, otra gestora, la que se haga cargo de la misma. De los sueldos de los trabajadores, de las facturas de la luz, del agua, de la calefacción...y de la deuda.

La Ley establece en estos casos que si en un concurso de acreedores viene "un salvador", ha de hacerse cargo de las deudas contraídas por la sociedad. Dos millones de euros son, sin duda, un elemento disuasorio cuando menos para toda empresa que en sus supuestos cabales se haga cargo de la gestión de, por ejemplo, una residencia. Pero mucho más si esa deuda es heredada. Y sin embargo, Fegradi, la Federación Granadina de Discapacitados, apareció en escena para hacerse cargo de la residencia aunque con un pero, asumir sólo la parte de la deuda con los trabajadores, no con la Seguridad Social.

Esta era la esperanza que tiraba del carro. Un carro al que se subió el propio delegado territorial de Políticas Sociales, Higinio Almagro, confiado en que la reunión del 10 de marzo entre representantes de CCOO y el Administrador Concursal diera frutos en ese sentido. Pero no. La deuda era - y es- indivisible. Por otro lado y como Plan B, Diego Molina se traía de Sevilla la promesa de reubicar a residentes y usuarios en otra residencia, de ASPAYM.

Pero tampoco es la solución. Unos y otros llevan veinte años en la residencia, no conocen otro hogar y hay hasta una usuaria ciega que tiene aprendida al tacto los pasillos. Y en todo caso, esta opción no ha fructificado.

MEDIDAS DESESPERADAS

Diego Molina anunció ayer en la segunda de las manifestaciones que tienen programadas que si la Junta no da un paso al frente en la solución, si no hay marcha atrás en la maquinaria judicial, usuarios y afectados están dispuestos a tomar medidas. Preguntado por cuáles, aclaró que alguna residente pensaba hacer huelga de hambre porque ya deshauciados, "ya no tienen nada que perder".