Salud firma un convenio con la Asociación de Centros de Formación
El Servicio de Consumo de la Junta ha realizado 2.500 inspecciones en establecimientos públicos y se ha centrado en el etiquetado y la calidad del producto
La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Granada ha acogido este martes un nuevo pleno del Consejo Provincial de Consumo, un órgano de participación ciudadana puesto en marcha en 1987, con el objetivo de ayudar a la defensa de los derechos de las personas consumidoras, a través de la mediación y la concertación en materia de consumo.
En este sentido, el pleno se ha iniciado con la firma de un convenio entre Salud y la Asociación de Centros de Formación (AGAP CECAP GRANADA), para que la mediación sea la formula utilizada para hallar soluciones en caso de disputa entre usuarios y firmas adscritas a esta asociación, para satisfacer las necesidades de las partes. “Se trata - ha dicho Almagro- de regular el proceso de comunicación por medio de unos sencillos pasos en los que, si las partes colaboran, es posible llegar a una solución en la que todos ganen o, al menos, queden satisfechos, gracias a una solución extrajudicial económica y rápida”.
Junto a Almagro ha firmado el acuerdo la presidenta de la Asociación de Centros de Formación de Granada, Mónica Gómez, para quien este convenio “significa un compromiso de responsabilidad para con la calidad del servicio que ofrecemos a nuestros usuarios”. Gómez considera que esta firma significa en sí misma un punto de inflexión dentro del sector empresarial, dando un plus de calidad a nuestra labor cotidiana, esforzándonos en mejorar la calidad de nuestros servicios día a día”.
El Consejo Provincial de Consumo está conformado por nueve miembros, tres representantes de las organizaciones de consumidores y usuarios con mayor representatividad en la provincia, integradas además en algunas de las organizaciones que sean miembros del Consejo Andaluz de Consumo; tres representantes designados por las organizaciones empresariales de la provincia, que formen parte de la organización empresarial de mayor representatividad en Andalucía y tres en representación de las Administraciones públicas.
Entre sus principales funciones se encuentran solicitar de los órganos, entidades o personas competentes los informes que se estimen necesarios para la solución de las cuestiones sometidas a su consideración y estudio o actuar como órgano de mediación, a fin de instar el acuerdo entre las partes en los conflictos que puedan producirse.
Almagro ha recordado que el Servicio de Consumo, dependiente de la Consejería de Salud, a través de la Dirección General de Consumo, ha realizado ya más de 2.500 inspecciones en establecimientos públicos “en defensa de los derechos de las personas consumidoras y centrándose fundamentalmente en el etiquetado y en la seguridad y calidad del producto que sale al mercado”.
Las principales causas que han originado estas reclamaciones son por desatención a las personas consumidoras, por incumplimiento de las obligaciones derivadas de la garantía, irregularidades en la calidad de los servicios o errores de facturación.
