Salvador ve un "revés histórico" el no al decreto de remanentes del Gobierno, "solo ante el municipalismo"

El alcalde de Granada, Luis Salvador (Cs), ha asistido este jueves en el Congreso de los Diputados a lo que ha calificado como "revés histórico" al decreto de remanentes del Gobierno, que ha agregado que se ha quedado "solo ante el municipalismo" con una propuesta "injusta e inmoral".

En una nota, el Ayuntamiento de Granada ha informado de que Salvador, miembro de la junta de gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha aseverado que el Gobierno "pretendía dejar fuera a los municipios como Granada, que no cuentan ahorros y se encuentran en una complicada situación financiera, y a aquellos que no quieren cederle sus ahorros con unas malas condiciones, del reparto de 5.000 millones de euros vía Presupuestos Generales del Estado para la recuperación de los territorios tras la crisis mundial del coronavirus".

"El Gobierno no solo pretendía vulnerar la igualdad de derechos y oportunidades de todos los ciudadanos del país, castigando y complicando la salida de la crisis a quienes han sufrido tanto en estos meses, sino que ha querido engañarnos y confiscar los ahorros y dar la espalda a quienes no los tienen en el momento en que los ciudadanos más ayuda necesitan", ha señalado Salvador.

El alcalde de Granada ha incidido en la necesidad de que los municipios puedan contar con "autonomía de gasto" y en reclamar que los 5.000 millones de euros de inversión directa que el Gobierno debe inyectar "a todos los ciudadanos" no estén ligados a los remanentes que los ayuntamientos "puedan o quieran" entregarle.

Tras subrayar que "los ayuntamientos tienen que tener financiación para poder prestar los servicios que nos reclaman los ciudadanos como institución más cercana a ellos", Luis Salvador ha lamentado que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "no haya querido escuchar a los 31 alcaldes de algunas de las ciudades más importantes de este país y aceptar la propuesta que le habían trasladado; es decir, un nuevo decreto ley que amplíe el plazo de las inversiones financieras sostenibles, que incluya un fondo de transporte para paliar el agujero económico generado en los ayuntamientos y la flexibilización de la regla de gasto para 2020, extensible a 2021".

Se trataría de "un nuevo decreto ley que contemple, en definitiva, un reparto justo según población de liquidez que permita atender las necesidades económicas y de ayudas sociales de sus ciudadanos y que no expolie sus ahorros ni dé la espalda a quienes no cuenten con ellos", ha concluido.