Sánchez Rubio destaca el trabajo de asociaciones y profesionales para mejorar la calidad de vida de las víctimas de accidentes de tráfico

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha destacado el “gran trabajo” que realizan asociaciones y profesionales en la mejora de la calidad de vida de las personas víctimas de accidente de tráfico. En Andalucía hay 21.500 personas con daño cerebral y con más del 33% de discapacidad, según ha informado en Granada en la clausura del II Congreso Nacional sobre Seguridad Vial y Discapacidad.

La representante del Gobierno andaluz ha subrayado que “la administración andaluza es sensible con las personas en situación de discapacidad y dependencia”, a las que se destinan buena parte de los recursos para contribuir a mejorar su situación y su calidad de vida, así como proporcionarles la máxima autonomía.

Antes de avanzar en su exposición, ha agradecido a la Federación Nacional Aspaym la organización de este encuentro como un “espacio de reflexión y puesta en común” sobre cómo avanzar en la atención a un colectivo de personas con discapacidad en el que hay un porcentaje destacado de personas jóvenes y adolescentes, como revelan las cifras de la Dirección General de Tráfico. En muchos casos, son personas muy jóvenes que se ven abocadas a iniciar una nueva vida en la que lo principal es que tengan la máxima autonomía posible y calidad de vida, ha indicado.

La consejera ha destacado el proyecto de Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, en fase de tramitación parlamentaria y que consolidará las políticas autonómicas dirigidas a un colectivo integrado por más de 700.000 personas en Andalucía (el 61% mujeres y casi el 10% de la población total), y el Plan Andaluz de promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia 2016-2020, que prevé una inversión de 1.765 millones de euros, 353 millones anuales. Según ha indicado, entre otros objetivos el plan pretende promover la autonomía personal y prevenir el agravamiento de la dependencia en personas que ya están en esta situación.

Igualmente se ha referido al Plan Integral de Atención a la Accidentabilidad de la Junta, cuyo objetivo es dar una respuesta conjunta a las víctimas de accidentes de tráfico y a sus familias. El Plan se centra en tres líneas de trabajo que coinciden con las fases de antes, durante y después del accidente.

Sánchez Rubio ha recalcado que la Junta seguirá trabajando en esta línea porque “somos conscientes de la importancia y necesidad de contar con instrumentos” que faciliten el día a día de aquellas personas que se enfrentan diariamente “a las más variadas situaciones y escenarios” como consecuencia de su discapacidad. A su juicio, “una aventura en la que no están solos sino que también sus familias luchan para facilitarles las mejores condiciones dentro de sus limitaciones, y por supuesto los poderes públicos”. Una realidad con la que nos encontramos cada día al conocer las estadísticas porque “lamentablemente los accidentes de tráfico son uno de los problemas más graves de salud pública”, ya que es la primera causa de mortalidad en edades jóvenes y provoca un elevado coste en términos de sufrimiento humano, fundamentalmente, ha puntualizado.

En la comunidad andaluza hay 262.879 personas con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33% (datos a 21 de octubre de 2016). La Junta mantiene conciertos, a través de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, para ofertar plazas públicas a las personas con algún tipo de discapacidad que lo necesiten. En Granada, son 60 las plazas concertadas en la Residencia de Personas Gravemente Afectadas.

La Asociación nacional de Lesionados Medulares y Grandes Discapacitados Físicos (ASPAYM) está integrada por más de 7.000 socios y representa a más de 30.000 personas. En Andalucía está constituida por las entidades provinciales ASPAYM Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla. En el periodo 2012-2016 ASPAYM Andalucía ha recibido más de 170.000 euros en subvenciones.