El sector cárnico español reduce explotaciones pero aumenta producción

Según datos del Ministerio de Agricultura en España existen alrededor de 3.500 empresas dedicadas a la explotación de granjas cárnicas, las cuales, a pesar de que el último censo del INE para el 2020 dice que han disminuido su número en un 30,1% desde el año 2009, ha aumentado su producción enormemente, habiendo crecido el número de cabezas bovinas, caprinas, aviares y porcinas y habiendo disminuido tan sólo las ovinas y conejas, estas últimas mucha intensidad, dado que el número de cabezas ha disminuido en casi un 30%.

El sector en su conjunto genera 31.000 millones y supone una cuarta parte del dinero generado por el sector alimentario español, siendo además uno de los pilares de la estrategia para revitalizar el medio rural, dado que los 110.000 empleos que genera son el medio perfecto para repoblar o al menos frenar la despoblación de un medio que lleva décadas perdiendo población en favor de los grandes núcleos urbanos, y generar riqueza sin dejar de avanzar en la meta de ampliar al máximo el bienestar animal, dado que el consumidor actual no sólo se preocupa de que es lo que consume sino de dónde viene y si el proceso ha sido lo más ético posible, y sólo logrando satisfacerle se podrá asegurar el futuro de un sector estratégico.

Ganadería, un sector siempre en busca de inversiones públicas y privadas

En la ganadería un inversor privado puede invertir de muchas formas; mediante los futuros de las soft commodities o materias primas blandas (entre las que se encuentran aquellas materias primas que no se extraen de actividades como la minería como pueden ser las producidas por la agricultura y la ganadería) y que pueden utilizarse incluso como instrumento para especular en brókeres como Plus500 España si se conoce el mercado, o bien se puede invertir directamente en acciones de aquellas empresas españolas que cotizan en bolsa y producen alimentos derivados de cabezas ganaderas e incluso se puede invertir a través de un banco que ofrezca ese producto financiero a su clientes en algún fondo cotizado que replique a un mercado extranjero dedicado a este tipo de commodities.

Desde el ámbito público hay que tener en cuenta que estamos en la Unión Europea, una entidad que con Francia a la cabeza ha tenido al sector primario del campo muy presente mediante la PAC o Política Agraria Común, un instrumento que ha vehiculado multitud de ayudas (que sean suficientes o no ya es otra cuestión que deberían responder los afectados) y que en el periodo comprendido entre el 2014 y el 2020 ha gastado un presupuesto de más de 400.000 millones de euros, siendo considera para algunos analistas como la política común más importante de la Unión, auténtico pegamento que al menos durante los primeros tiempos ayudó de forma inestimable a que el proyecto europeo no naufragase antes de tiempo.

Los objetivos principales de la PAC son asegurar un nivel de renta mínimo a los agricultores (las transferencias directas las financia completamente la UE), asegurar el suministro alimentario a los ciudadanos de la Unión y garantizar que el sector agropecuario es competente en los mercados, y es precisamente la inversión para garantizar este aspecto en que intervienen no sólo fondos europeos sino también los estatales de cada país, centrando la inversión en la modernización del sector para hacerlo más eficiente y sostenible, en ayudas para intentar fijar y atraer a jóvenes al medio rural e incluso mediante inversiones para diversificar las actividades económicas que pueden desarrollarse en dicho medio, dado que una mayor mecanización de la actividad agropecuaria hace que la mano de obra necesaria disminuya mucho, y por lo tanto que la oferta laboral sea mucho menor.

La inversión de la PAC para España hasta el año 2030 es de unos 7.000 millones de euros al año, un dinero que, junto el que aporte el Estado en sucesivos planes, es una gran oportunidad para revitalizar un sector que tanto en la pandemia como en la guerra de Ucrania se ha demostrado estratégico y vital, dado que la situación internacional en cualquier momento puede hacer que el suministro de insumos básicos no esté garantizado o que en caso de estarlo sea a unos precios desproporcionados.