Seis diputaciones andaluzas rechazan la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local
Reunión en el Palacio de la Merced de las diputaciones de Córdoba, Jaén, Sevilla, Huelva, Cádiz y Granada
Daniel Sánchez-Garrido
Los presidentes de seis diputaciones andaluzas han expresado hoy el “rechazo unánime y petición de derogación” por parte de las instituciones provinciales de Jaén, Sevilla, Cádiz, Granada, Huelva y Córdoba de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
Es lo que se ha decidido en el encuentro de trabajo y coordinación mantenido con los presidentes de Granada, José Entrena; Córdoba, Antonio Ruiz; Jaén, Francisco Reyes; la vicepresidenta de la Diputación de Sevilla, Agripina Cabello; el vicepresidente de la institución provincial gaditana, Juan Carlos Ruiz; y el presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo.
“La Ley de Reforma de los ayuntamientos ni es racional ni es sostenible porque no se le puede pedir a las administraciones más cercanas a la ciudadanía, los ayuntamientos, que sus principales problemas no son de nuestra incumbencia”, han señalado.
Además, han recordado que los ayuntamientos siempre han demandado que se les dote de la suficiente financiación para poder atender todas las demandas de los vecinos porque, además, la Administración local sólo representa el 12% del gasto público y podemos atender muchas necesidades con muy pocos recursos.
Para los dirigentes provinciales “la ley atenta y maniata la autonomía local y lo que hace es confundir a los ayuntamientos porque es tan difusa y ambigua que depende de la interpretación de interventores y secretarios en cada municipio”.
PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Por otro lado, los máximos representantes de las diputaciones andaluzas reunidas en Córdoba han planteado la necesidad de un Pacto de Estado contra la Violencia de Género ante la situación actual, con más de 50 mujeres asesinadas en lo que va de año.
Finalmente, la reunión de coordinación ha servido para tratar cuestiones que afectan a todas las administraciones provinciales, como son la situación del olivar, la reforma de la PAC, políticas de concertación con los municipios e inversiones, etc.
