"Si te ocupan una vivienda, pon una demanda y reza"

Los altos precios del alquiler y la imposibilidad de encontrar vivienda a un precio que no implique invertir más de medio sueldo es uno de los grandes problemas sociales a solucionar en la actualidad. Sin embargo, casi de la mano, o más bien una piedra más que cae sobre las espaldas de quienes quieren encontrar una vivienda digna, aparece la 'inquiokupación'. Alquilados que con el paso de los meses dejan de abonar las mensualidades y pasan a usurpar el hogar de un propietario "que se ve atado de pies y manos".

Desde la Plataforma de Afectados por la Ocupación resaltan el "incremento" de casos que se viene produciendo en todas las ciudades en los últimos años, así como, las "importantes trabas legales" que se encuentran sus propietarios para recuperar sus viviendas. En caso de ocupación, la organización señala que "en primer lugar hay que tener en cuenta que deben pasar dos meses de impagos para poner una demanda. Después, esa denuncia se tiene que comunicar por burofax, eso sí, antes hay que pedir un certificado del registro de la propiedad para que se vea que no eres un gran tenedor, es decir, que no eres una persona con cinco viviendas en zonas tensionadas o diez viviendas en zonas no tensionadas ya que ese procedimiento sería diferente. Una vez puesta la demanda tiene que ser admitida por el juzgado, pueden pasar hasta seis meses. A eso añádele que deberás buscar un abogado y procurador lo que tiene un coste de media de unos dos mil y pico euros".

A esta situación complicada para cualquier ciudadano de a pie que no esté habituado a tratar con problemas legales, también debe tener en cuenta que "al ser propietario se considera que tienes un patrimonio por lo que no te van a dar un abogado de oficio, tendrás que pagarlo tu". Aunque la lógica diga que si un alquilado no abona su mensualidad la vivienda debe ser devuelta al propietario, la ley establece otros parámetros de realidad. Desde la Plataforma de Afectados por la Ocupación recalcan que existen muchos propietarios con miedo a alquilar dado que "saben que si se quedan dentro no los puedes echar", una situación que se agrava si en la familia existen menores. "Si tienen niños ya si que no los puedes echar. Debes seguir pagando el suministro si no has conseguido ponerlo a su nombre. Es más, en caso de vulnerabilidad de arrendatario y arrendado, siempre será el inquilino el que prime ya que se considera que el dueño de la casa tiene propiedades. O en caso de que los inquilinos tengan hijos y el propietario no, serán los primeros los que se queden en la vivienda". 

Al ser cuestionados por los consejos para aquellas personas que se encuentren afectados por una 'inquiokupación', desde la plataforma señalan un escueto y desangelado "denunciar y rezar", agotados ante las continuas trabas que encuentran en los cientos de casos que tratan por todo el país. "Esto está llevando familias a la ruina. Lo que sí podemos aconsejar es que los abogados pongan en sus demandas tanto el nombre de los titulares del contrato como 'a personas ignoradas' o 'ignorados ocupantes' para que no se encuentren en la situación de que hayan cedido la vivienda a otras personas y a estas segundas no se las puede echar".

A la impotencia que sienten estos propietarios también se une la rabia al comprobar que "asuntos sociales no hace su trabajo como debería. Tenemos casos en la plataforma que les han dado la vulnerabilidad por teléfono, sin hacer visita y sin investigar realmente qué pasa con esa persona. No se puede poner la etiqueta de 'vulnerable' y o hacerle un seguimiento a esa persona".  Entre tanto, las afectados por la ocupación miran con esperanza a la decisión que en un futuro cercano dictaminen PNV y Junts, partidos que no muestran su apoyo al Real Decreto Ley 11/2020 del 31 de marzo que establece la protección frente a los desahucios, las ayudas al alquiler, la definición de personas vulnerables, la garantía de servicios básicos en los hogares, la moratoria de hipotecas, la flexibilización de los contratos de alquiler y la ampliación del bono social eléctrico, una ley sobre la que se amparan para evitar sus desalojos.