Los sindicatos de Renfe y Adif convocan siete días de huelga general por el traspaso de Rodalies

Los comités de empresa de Renfe y Adif han convocado de forma conjunta siete jornadas de huelga en todo el país, que comenzarán el próximo 17 de marzo con un paro de 24 horas, contra la forma en la que se están traspasando las competencias de Rodalies a Cataluña. Fuentes sindicales explican a Europa Press que al 17 de marzo le seguirán otros dos días de paros completos, el 26 de marzo y el 1 de abril, mientras que los días 19, 24, y 28 de marzo, así como el 3 de abril, los paros serán parciales a lo largo de tres turnos.

En concreto, el día 19 se parará desde las 06:00 horas hasta las 09:00, de 14:00 a 17:00 y de 21:00 a 23:00; el 24 de marzo y 3 de abril de 06:30 a 09:30, de 14:30 a 17:30 y de 20:30 a 22:30; mientras que el 28 de marzo será de 06:00 a 09:00, de 13:30 a 16:30 y de 20:30 a 23:30. Ambos comités consideran que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, encabezado por Óscar Puente, ha incumplido los acuerdos que en noviembre de 2023 provocaron la desconvocatoria de una primera huelga.

Esos acuerdos establecían que el grupo Renfe y Adif continuarían siendo los prestadores de los servicios de Rodalies y Renfe Mercancías, que se preservaría la integridad de las plantillas en ambas empresas públicas y que se establecerían grupos de trabajo y negociación para adoptar soluciones consensuadas. Sin embargo, los comités, compuestos por Semaf, CCOO, UGT, CGT, SCF y SF, consideran que estos compromisos han sido vulnerados tras la última reunión con el Ministerio, celebrada el 17 de febrero, en la que se anunció la exclusión de la línea R1 de la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG) y la creación de una empresa mixta ajena a Renfe para asumir progresivamente todas las actividades operativas de ambas empresas públicas estatales.

"Las organizaciones sindicales han sido meros receptores de esta información, sin posibilidad de participación en la toma de decisiones. Estas medidas suponen una ruptura total de los acuerdos previos, dado que las soluciones adoptadas por el Ministerio en coordinación con la Generalitat son diametralmente opuestas a lo pactado", defienden en un comunicado conjunto.

Por un lado, la exclusión de la RFIG implica que esa línea ya no estarán sujetas a la normativa de seguridad, operación y material rodante establecida a nivel europeo y regulada en España por la Ley del Sector Ferroviario y la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, lo que podría traducirse en una disminución de los estándares de seguridad y en la pérdida de interoperabilidad con el resto de la red ferroviaria española y europea. Además, las líneas afectadas han sido financiadas con fondos de la Unión Europea para fomentar la interoperabilidad ferroviaria en el continente, por lo que su exclusión podría derivar en sanciones por incumplimiento de las condiciones establecidas en los pliegos de concesión de estos fondos.

Duplicidad de costes

Por otra parte, los sindicatos denuncian que las intenciones de ambas administraciones (Gobierno y Generalitat) no suponen una mejora del servicio, sino un aumento del coste que recaerá sobre los ciudadanos, ya que se pretende duplicar el entramado societario con un nuevo presidente, consejeros y estructuras paralelas para prestar un servicio que ya ofrece una empresa pública.

"Esta duplicidad afectará también a las economías de escala en la compra de trenes, materiales, instalaciones de circulación y seguridad, formación y habilitaciones", argumentan. Los comités recuerdan que la Generalitat tiene transferidas las competencias de Rodalies desde 2010, pero hasta ahora no las ha ejercido plenamente, e insisten en su propuesta para que la Generalitat gestione y mejore el servicio manteniendo como operadores a Renfe y Adif, siguiendo un modelo similar al de la sanidad catalana, donde diferentes centros sanitarios sin titularidad de la Generalitat prestan servicio público dentro del SISCAT.

Renfe cercanías

A parte del traspaso de Rodalies, la huelga también ha sido convocada para denunciar el proceso de "privatización encubierta" que creen que el Gobierno está llevando a cabo a través de la creación de una nueva sociedad controlada por la compañía logística MSC, a la que Renfe quiere dar entrada en su capital.

"Para facilitar esta transición, se está permitiendo el deterioro de la empresa pública mediante acciones como no concurrir a nuevas contrataciones de carga de trabajo, obstaculizar la labor de los comerciales en la captación de clientes o bloquear la operatividad de los trenes por inacción de los centros de gestión", concluyen.